La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al Tribunal del Jurado su libre absolución y ha reclamado que se impongan las costas del procedimiento a las acusaciones populares y a la Universidad Complutense de Madrid.
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La nueva defensa de Begoña Gómez ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal del Jurado, en el que solicita la absolución de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los pronunciamientos favorables. Además, reclama que las acusaciones y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) asuman las costas del proceso por considerar que han actuado de forma temeraria.
El escrito, presentado por el abogado Jaime Campaner, niega los hechos atribuidos a Begoña Gómez y defiende que no existen responsabilidades penales. La defensa también ha solicitado que las costas procesales recaigan sobre la acusación popular, integrada por organizaciones como Vox, HazteOir e Iustitia Europa, y sobre la UCM, personada como actora civil.
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En el documento, la defensa repasa la trayectoria profesional de Begoña Gómez y destaca que no cuenta con antecedentes penales. También recuerda su relación previa con la Universidad Complutense de Madrid, donde, según sostiene el escrito, ya colaboraba antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y había codirigido diplomas y másteres desde el curso 2012/2013.
Uno de los puntos centrales del procedimiento es la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La defensa asegura que la iniciativa surgió en una reunión celebrada en julio de 2020 con el entonces rector de la UCM, Joaquín Goyache, y que el convenio se firmó posteriormente con la participación de Reale Seguros y Fundación La Caixa como patrocinadores.
La defensa sostiene que Begoña Gómez no recibió remuneración por la dirección de la cátedra y que desarrolló sus funciones de manera gratuita durante cuatro años. También afirma que la cátedra no le habría generado ningún beneficio económico.
El escrito aborda igualmente la plataforma digital vinculada al proyecto, señalando que fue concebida como propiedad de la UCM y que la universidad tuvo disposición del proyecto desde mayo de 2023. La defensa añade que el desarrollo no llegó a completarse al quedar pendientes pruebas y auditorías.
Además, la representación legal de Begoña Gómez ha solicitado la comparecencia de una treintena de testigos y de cuatro peritos, así como el interrogatorio final de la propia acusada durante el procedimiento.
