El Gobierno portugués y la gestora REN buscan sortear la dependencia del sistema energético español para alimentar sus centros de datos ante el riesgo de sufrir apagones recurrentes en la próxima década.
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El Gobierno de Portugal, en coordinación con la gestora de la red eléctrica nacional (REN), ha reactivado los planes para construir una conexión de alta tensión con Marruecos con el objetivo de convertir al país norteafricano en una vía alternativa de abastecimiento energético. La decisión responde a la detección de serios problemas de suficiencia en el sistema eléctrico portugués a partir del año 2028. Según los informes nacionales de adecuación de recursos validados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la pérdida esperada de carga (LOLE) en el país vecino superará con creces los límites de seguridad fijados en 1,46 horas anuales, escalando a las 1,71 horas en 2028, 8,29 horas en 2030 y alcanzando una cifra crítica de 68,3 horas de apagones para 2035.
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El detonante de este déficit energético radica en la explosión de la demanda industrial y tecnológica prevista para los próximos años en suelo portugués. A comienzos de 2026, la administración lusa acumula peticiones formales de acceso a la red que suman 41 gigavatios (GW) de potencia, de los cuales cerca de 13,8 GW corresponden a proyectos energéticamente intensivos como grandes centros de datos e infraestructuras industriales que ya cuentan con permisos o tramitaciones muy avanzadas. Este repunte de la demanda contrasta con la ralentización en la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, cuyo ritmo de ejecución se sitúa en la mitad de las metas fijadas en los planes de transición ecológica comunitarios.
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La solución proyectada adquiere una marcada relevancia geopolítica en el contexto de las relaciones transfronterizas y la reciente crisis migratoria de Ceuta. Actualmente, Portugal funciona como una isla energética cuyo único enlace con el resto del continente europeo depende íntegramente de la red española, reforzada en julio con el tramo Galicia-Norte de Portugal para alcanzar una capacidad de intercambio de 4.200 megavatios (MW). Sin embargo, las autoridades de Lisboa recelan de depender en exclusiva de la capacidad exportadora del mercado español en momentos de estrés térmico o hídrico, máxime ante la incertidumbre que generan las futuras subastas de capacidad o el calendario de cierre nuclear de instalaciones como la central de Almaraz en la próxima década.
El plan acordado entre Portugal y Marruecos busca el respaldo económico e institucional de la Comisión Europea para catalogar el tendido como proyecto estratégico transfronterizo y acceder a fondos comunitarios, además de captar inversión privada que amortigüe una factura estimada originalmente en 800 millones de euros. Sobre la mesa se evalúa tanto la instalación de un cable submarino directo que proporcione autonomía respecto a la península ibérica como el aprovechamiento de los enlaces ya existentes entre España y el Reino alauita. No obstante, Bruselas y el organismo regulador ACER han advertido a las autoridades lusas de que esta infraestructura no resolverá automáticamente los problemas de cobertura si no se acompaña del despliegue masivo de almacenamiento en baterías y centrales de respaldo en su propio territorio.
