El Gobierno de España está trabajando en un decreto ley para acelerar las expulsiones de migrantes a Marruecos desde Ceuta. Esta medida, que podría ser aprobada en el próximo Consejo de Ministros, afectará a los migrantes que han iniciado trámites de asilo tras el cruce masivo del 30 de julio.
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El decreto, impulsado principalmente por el Ministerio del Interior, busca reducir los plazos administrativos y judiciales para facilitar las devoluciones. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, más de 10.000 migrantes permanecen en Ceuta, y la mayoría de las solicitudes de asilo podrían ser rechazadas.
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La normativa eliminaría el examen previo de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, permitiendo al Ministerio del Interior avanzar directamente en la resolución de los casos. Además, se prevé que migrantes de países considerados seguros, como Marruecos, puedan ser expulsados antes de que se resuelvan todos los recursos.
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El decreto también establece un plazo de cinco días para recurrir ciertas denegaciones de asilo y ordena que estos casos se tramiten con carácter preferente. Asimismo, se discute la posibilidad de archivar solicitudes de asilo si los migrantes abandonan los centros de acogida en Ceuta.
El Gobierno busca blindar jurídicamente el decreto para evitar que las expulsiones sean paralizadas por recursos masivos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible falta de examen individualizado de las solicitudes.
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