MADRID — La Fiscalía Europea ha decidido dar un paso más en su fiscalización de los fondos comunitarios en España y ha abierto una segunda investigación centrada en posibles delitos de fraude, malversación y falsedad en contratos relacionados con el mantenimiento de las líneas de alta velocidad (AVE).
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Ampliación del foco sobre los fondos comunitarios y la gestión en Adif
Esta nueva apertura de diligencias profundiza en las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos públicos, sumándose a las pesquisas ya en marcha en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil:
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- Control de subvenciones europeas: El Ministerio Público comunitario examina si los fondos asignados por la Unión Europea para la mejora y conservación de las infraestructuras ferroviarias sufrieron desvíos, sobrecostes injustificados o si se pagaron servicios que nunca llegaron a ejecutarse adecuadamente.
- Coincidencia con las pesquisas de seguridad: Esta investigación se cruza de lleno con el análisis técnico derivado de los recientes incidentes y accidentes en la red ferroviaria, incrementando la presión judicial sobre los mecanismos de control interno y contratación pública en el sector del transporte.
Un nuevo frente judicial para las infraestructuras
La actuación de la Fiscalía Europea refuerza el escrutinio sobre la gestión de las grandes obras públicas en España, poniendo de relieve la necesidad de esclarecer el destino final de las partidas económicas destinadas a garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red ferroviaria nacional.
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