MADRID — La Fiscalía ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra la plataforma TikTok por la presunta difusión, publicación y venta de material de abuso sexual infantil, así como por la recomendación de estos contenidos a través de su algoritmo. El Ministerio Público ha solicitado con carácter urgente e inmediato que se retiren todos los contenidos ilícitos detectados.
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El origen: una investigación de Maldita.es
Las diligencias penales tienen su origen en una exhaustiva investigación llevada a cabo por el medio Maldita.es, que fue trasladada y ratificada ante la Fiscalía General del Estado. Según los datos aportados en la denuncia, el trabajo destapó la existencia de:
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- Más de 1.000 vídeos de contenido explícito de abuso sexual infantil, los cuales acumulaban cerca de 48 millones de visualizaciones.
- Más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que interactuaban, intercambiaban o comercializaban con este material (superando los 7.000 perfiles operativos en español).
- Cuentas dedicadas a la captación de compradores y transmisiones en directo (streaming) protagonizadas por menores a cambio de compensaciones económicas.
- Comunidades organizadas de miles de miembros enfocadas en la búsqueda de material de menores de edad y bebés.
Tras la comparecencia de los denunciantes ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática para aportar todo el material probatorio, el Ministerio Público procedió a judicializar el caso.
Respuesta institucional y medidas cautelares
La intervención de la Fiscalía se suma a la presión institucional en España. Desde el Gobierno, el Ministerio de Juventud e Infancia solicitó al Ministerio Público que estudiase los hechos de máxima gravedad e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar un bloqueo temporal de la aplicación en el territorio nacional.
Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció que requerirá información detallada a la red social sobre los protocolos y medidas de control aplicados para frenar esta lacra, advirtiendo de que adoptará las medidas necesarias —incluyendo órdenes de bloqueo de contenidos específicos— en el marco de sus competencias y de la normativa europea de servicios digitales.
Con esta acción judicial, la Fiscalía busca depurar responsabilidades y frenar de inmediato la exposición y desprotección de los menores en el entorno digital.
