El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido inhabilitar definitivamente a la petrolera Haxx, anteriormente conocida como Hafesa, debido a un fraude fiscal de 154 millones de euros en el IVA de hidrocarburos. Esta medida llega un año después de que la Audiencia Nacional condenara a la compañía por dejar de ingresar esta cantidad al fisco.
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La petrolera, dirigida por Alejandro Hamlyn, quien actualmente se encuentra huido en Dubái, fue señalada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria como el eje de uno de los mayores entramados de fraude de IVA en hidrocarburos, destapado en la operación Drake. Esta investigación conjunta comenzó en 2015 y en 2019 logró asestar un duro golpe al fraude del IVA en el sector de los carburantes en España.
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La transformación de Hafesa a Haxx
En un intento por renovar su imagen y distanciarse de los problemas legales de su fundador, Hafesa cambió su nombre a Haxx Spaniard Operator Licence a finales de 2025. Además, Diego Guardamino fue promovido como consejero delegado, asumiendo el cargo de administrador único de todas las sociedades del grupo. Sin embargo, Guardamino abandonó todos sus cargos en la petrolera en abril, menos de un año después de su nombramiento.
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La orden de inhabilitación definitiva de Haxx fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, firmada por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y tiene efecto inmediato. La decisión se basa en tres motivos principales: la incapacidad de Hafesa para demostrar su solvencia económica, la falta de acreditación de su capacidad legal, y un incumplimiento probado de su deber de mantener existencias mínimas.
Repercusiones legales y fiscales
La Fiscalía había señalado a Alejandro Hamlyn como el líder de la organización criminal juzgada por la Audiencia Nacional, llegando a solicitar 89 años de prisión para él. La petrolera no ha logrado demostrar los recursos propios mínimos de tres millones de euros exigidos por la ley para los mayoristas del sector. Además, no ha acreditado estar al día con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, lo que ha sido determinante para su inhabilitación.
La inhabilitación de Haxx representa un nuevo golpe del Gobierno al fraude en el mercado de hidrocarburos, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia en el sector energético.














