Madrid — El Gobierno central ha dado luz verde este martes a un doble paquete de medidas salariales que incrementará los ingresos de aproximadamente 5,7 millones de trabajadores en España. Por un lado, se ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3 % para 2027, situándolo en 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros anuales). Por otro, se ha ratificado el incremento del 4,5 % en las retribuciones de más de tres millones de empleados públicos para el próximo año.
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Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el SMI —que experimenta un aumento de 65 euros mensuales— acumula una subida del 75 % desde 2018, beneficiando de forma directa a unos 2,7 millones de asalariados (en su mayoría mujeres y sectores como la agricultura o los servicios). Asimismo, la medida se completa con una exención de tributación en el IRPF y rebajas fiscales para rentas bajas orientadas a evitar el salto fiscal.
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Un hito para el sector público y recelos de la patronal
En cuanto al ámbito de los empleados públicos, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de histórica la subida del 4,5 % —la mayor registrada desde 1992—, la cual se enmarca en el Acuerdo Marco sellado con los sindicatos. Esta alza se verá complementada en el primer trimestre de 2027 con un 0,5 % adicional de carácter retroactivo correspondiente a 2026, una vez constatada la evolución de la inflación. Las horquillas de aumento oscilarán desde los 1.440 euros brutos anuales para los grupos administrativos hasta más de 4.000 euros para cuerpos superiores como jueces o médicos.
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El anuncio ha provocado una fuerte reacción por parte de los agentes económicos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha censurado duramente al Ejecutivo por sacar adelante estas subidas con las Cortes disueltas y en plena campaña electoral, calificando la decisión de «fuera de plazo y de todo margen regular» debido a la ausencia de un proceso de concertación social formal. Por su parte, los sindicatos han valorado de forma positiva la senda de revalorización, defendiendo su papel fundamental para aliviar la presión de la cesta de la compra y reducir la desigualdad laboral.















