La coalición señala que el Gobierno está «desquiciado y a la deriva» y señala que es «incapaz de gestionar con un mínimo rigor los contratos públicos». Es por ello que en la próxima sesión de control al Ejecutivo preguntará si es cierto que «ha aceptado incluir en el contrato de adjudicación directa del servicio de autobuses una disposición por las que asumirá las pérdidas en las que pudiera incurrir la empresa» y si «dispone de informes jurídicos solventes que avalan tal decisión»
Desde la coalición denuncian que «al parecer, el último motivo de enfrentamiento es que la empresa pretende que en ese contrato que se le ha ofrecido por dos años y adjudicación directa (al amparo de una legislación que no es de aplicación según los servicios jurídicos de la Ciudad) se incluya la posibilidad (ilegal) de que la Ciudad ‘asuma las pérdidas’ en que puedan incurrir la explotación del servicio. En caso de ser así, y aceptarlo el Gobierno, estaríamos ante un nuevo escándalo«.
Es por ello que, en la próxima sesión de control al Gobierno de la Ciudad, Caballas interpelará acerca de esta cuestión y pedirá al Ejecutivo que aclare si «¿es cierto que el Gobierno ha aceptado incluir en el contrato de adjudicación directa del servicio de autobuses durante dos años una disposición por las que asumirá las pérdidas en las que pudiera incurrir la empresa por la explotación de este servicio?». Y en caso de ser así, la coalición preguntará si el Gobierno «¿dispone de informes jurídicos solventes que avalan tal decisión?».
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Además, Caballas también quiere saber si el Gobierno de la Ciudad, «en su condición de titular del servicio de autobuses» tiene previsto sancionar a la empresa por sus reiteradas suspensiones de líneas del servicio «sin la autorización preceptiva»
Esta interpelación de Caballas llega después de que la coalición haya asistido «atónita», «como el resto de la ciudadanía», «al bochornoso espectáculo que está ofreciendo el Gobierno de la Ciudad con motivo del contencioso que mantiene con la empresa adjudicataria (si se puede llamar así) del servicio de autobuses«.
Según los localistas, «la incalificable irresponsabilidad de un Gobierno desquiciado y a la deriva, incapaz de gestionar con un mínimo rigor los contratos públicos, ha dejado a este servicio en un limbo de inseguridad jurídica en el que nadie sabe muy bien, a ciencia cierta, cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes en conflicto». Un situación de «tira y afloja» entre la empresa, que «quiere dinero», y el Gobierno, que «no se lo quiere dar» que ha convertido en víctimas del entuerto a «usuarios y trabajadores del servicio» desde hace más de cuatro meses.
