Según la organización, este caso demuestra los retrasos constantes en estas tramitaciones y sus “fatales consecuencias”
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado hoy que siete miembros de la familia de A.K., refugiado en España desde hace seis años y a quien prestaban asesoría jurídica para su solicitud de extensión familiar, fueron devueltos a Afganistán desde Pakistán el pasado 9 de octubre, pese a las graves amenazas y vulneraciones de derechos humanos que persisten en este país.
Concretamente, se trata de su mujer, hijo e hija, madre, padre y dos hermanas que llevaban casi dos años atrapados en Pakistán, a la espera de una respuesta de las autoridades españolas que no llegó a tiempo para evitar el fatal desenlace que pone en serio peligro sus vidas.
La organización señala que, pese a tener acreditada documentalmente la relación familiar con A.K., un año y medio después de formalizar la solicitud el consulado español les pidió pruebas de ADN, que dieron resultado positivo el pasado mes de junio. Sin embargo, casi cuatro meses después, seguían pendientes de una respuesta de la que dependía sus vidas.
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Durante casi estos dos años que se ha demorado la tramitación, la familia ha tenido que prorrogar su visado en Pakistán en varias ocasiones hasta septiembre de 2023. A esto se une que las autoridades pakistaníes pusieron como fecha límite el 30 de noviembre para que las personas migrantes sin autorización abandonaran el país. Como consecuencia, el pasado 9 de octubre deportaron a más de 1.700 personas afganas a su país, donde su vida y sus derechos no se ven garantizados. Entre ellas, la familia de A.K., que pese a cumplir todos los requisitos para el estatuto de protección subsidiaria en España, han visto vulnerado este derecho y el principio de no devolución por los retrasos en la tramitación.
Para CEAR este caso demuestra una vez más la necesidad urgente de agilizar los procesos de reagrupación familiar garantizando que toda solicitud sea registrada de manera rápida y tramitada sin dilaciones indebidas. Para garantizar esta vía legal y segura, y el derecho a vivir en familia, reclama mejorar la comunicación entre los Ministerios implicados, ampliar el número de familiares elegibles para la reagrupación, flexibilizar los requisitos para la solicitud, expedir visados y facilitar salvoconductos a las personas indocumentadas.
Afganistán, una emergencia que empeora cada día
CEAR alerta del especial retroceso en los derechos humanos en el país asiático con especial preocupación por las mujeres y niñas afganas, quienes han sido sistemáticamente excluidas de la vida pública y a quienes se prohíbe el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Las medidas implementadas por el régimen talibán, como la prohibición de estudiar o realizar cualquier trabajo fuera del hogar, ponen en grave riesgo su vida, libertad y dignidad.
A ello se suman la inseguridad alimentaria generalizada, la gran inestabilidad económica agravada por las sanciones, la escasez de medios de subsistencia, y las frecuentes y graves crisis climáticas y desastres naturales, como el reciente terremoto, que ponen a la población afgana en una situación cada vez más precaria. En 2023, son más de 28 millones las personas que necesitan ayuda humanitaria de emergencia en el país, de las que 13 millones son niños y niñas. Además, el suministro de la ayuda está en riesgo por los obstáculos al trabajo humanitario de las mujeres afganas.
