Miles de personas no pueden solicitar asilo ante la imposibilidad de obtener una cita, quedándose fuera del sistema de asilo en una alarmante situación de desprotección
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado hoy, en la presentación de su ‘XXI Informe Anual: La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, un Pacto social y político que blinde el derecho de asilo frente a los continuos ataques que está sufriendo en los últimos años. Esta propuesta forma parte del paquete de 37 medidas que la organización hace a los partidos políticos de cara a las elecciones generales con el objetivo de mejorar la protección internacional y evitar que la incertidumbre política e intereses electoralistas menoscaben al derecho humano que tiene toda persona a buscar refugio.
Entre las personas solicitantes, cientos se tuvieron que jugar la vida en el mar o en saltos de valla como los que desencadenaron la tragedia de Melilla. Por este motivo, CEAR pide a los partidos políticos que en sus agendas políticas den prioridad a garantizar el acceso al procedimiento de asilo de forma legal y segura, a través de embajadas y consulados, tal y como está recogido en el artículo 38 de la Ley de Asilo. Además, propone otras medidas como la emisión de visados humanitarios, la aprobación de un programa ambicioso y permanente de reasentamiento y la flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar para evitar que las personas refugiadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes y sucedan terribles tragedias como la de Grecia la semana pasada.
La organización reclama poner fin a las deficiencias del sistema de cita previa para solicitar asilo, que actualmente condena a un limbo legal a miles de personas que esperan una media de seis u ocho meses para poder formalizar su solicitud de protección internacional. “Es urgente aumentar la disponibilidad y agilizar la asignación de citas. El registro debe ser inmediato y nunca superior a los plazos de 3-6 días. En estos momentos se está vulnerando la Directiva Europea de Procedimientos”, señala Elena Muñoz, coordinadora estatal de Jurídico de CEAR.
Pese a ello, CEAR recuerda que 118.842 personas solicitaron asilo en España el año pasado, sin contabilizar a las miles «invisibilizadas» por no poder acceder a una cita. Fue un año más el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia, y el tercero por la cola en cuanto a resoluciones favorables con un 16,5%, solo por delante de Malta y Chipre, y otra vez muy lejos de la media europea del 38%. Además, más de 122.000 expedientes siguen a la espera de resolución, la mayoría durante meses e incluso años, incumpliendo los plazos legales.
“Los graves obstáculos que se imponen para acceder al procedimiento de asilo, obtener una cita o el criterio restrictivo de las autoridades para rechazar sistemáticamente resoluciones de personas que vienen huyendo de países en conflictos inacabados como el de Colombia son una muestra de los retos pendientes que hay que resolver con urgencia”, declara Estrella Galán, directora general de CEAR.
Refuerzo del sistema de asilo
CEAR en su informe incluye medidas basadas en reforzar el sistema de asilo y garantizar este derecho humano. Para ello considera necesaria la creación de una estructura administrativa dependiente de Presidencia con presupuesto suficiente para aglutinar todas las competencias en materia de asilo, garantizando así una necesaria coordinación entre todos los órganos implicados en el proceso (procedimiento legal, acogida e inclusión).
Asimismo, reitera la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que tan buen resultado han dado en la respuesta a la emergencia en Ucrania, puedan transformarse en “ventanillas únicas del asilo» para que todas las personas solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia.
Este refuerzo del sistema de asilo debe venir acompañado con medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Para ello es esencial que las administraciones les faciliten el empadronamiento para que puedan acceder a servicios sociales, a la educación o a la sanidad; así como promover planes para acabar con la discriminación a la hora de encontrar una vivienda. Además, las entidades bancarias deben garantizar la apertura de cuentas de pago básicas, como establece la normativa vigente.
La respuesta a Ucrania y a la tragedia de Melilla, las dos caras de la moneda
En su repaso a los acontecimientos del año, CEAR puso sobre la mesa la doble vara de medir en dos de los principales hitos que tuvieron lugar el año pasado. En la invasión rusa de Ucrania, los países europeos, incluido España, demostraron que con voluntad política se puede acoger y garantizar los derechos en tiempo récord. Sin embargo, esa respuesta se vio empañada por la tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio, en el que al menos 37 personas perdieron la vida, 77 están en paradero desconocido y 470 fueron devueltas ilegalmente, sin que de momento haya habido verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
“No se puede abrir las puertas de manera ejemplar a las personas que huyen de un terrible conflicto como el que sufre Ucrania y, al mismo tiempo, cerrarlas a cal y canto de forma violenta a quienes tienen que escapar de otros terribles conflictos olvidados. La mayoría de víctimas de la tragedia de Melilla huían de un país en conflicto como es Sudán, y se les recibió con una violencia desproporcionada, pese a que estas personas cuando logran llegar tienen altas tasas de reconocimiento de asilo en España”, denuncia Estrella Galán.
Presidencia de España de la UE
El próximo 1 de julio España asume la Presidencia del Consejo de la UE. Una oportunidad histórica, según CEAR, para que nuestro país lidere una política migratoria que ponga en el centro a los derechos y a las personas. Para ello debe defender una posición garantista en las negociaciones del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo basado en los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. No obstante, en el último Consejo de Ministros de la UE, las negociaciones sufrieron una “peligrosa deriva” al proponerse la ampliación del concepto de “terceros países seguros” pudiéndose incluir a Marruecos, Libia, Túnez o Turquía, entre otros. Al mismo tiempo, se apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta, en los que los Estados miembro pueden escoger entre reubicar personas refugiadas o financiar a terceros países en materia de control migratorio y fronterizo, una propuesta “inaceptable” que pone precio a los derechos humanos.
Adoptar medidas para poner fin a la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas es otra de las medidas que la presidencia española debe impulsar durante el segundo semestre, según CEAR. Para ello, es fundamental blindar la función de salvamento de vidas en el mar y garantizar, en todos los casos, el desembarco seguro de las personas rescatadas.
Además, la presidencia española debe promover medidas para combatir actitudes y narrativas xenófobas, racistas y de odio, así como la desinformación en medios y plataformas online, que dañan la dignidad, estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y refugiadas, al tiempo que amenazan gravemente la cohesión social europea.
“Frente al alarmante aumento de los mensajes xenófobos, racistas y de odio es necesario que quienes toman decisiones políticas actúen con responsabilidad y promuevan en todo momento políticas que permitan salvar vidas, sin excepciones ni discriminaciones”, concluye Estrella Galán.
