El presidente Sánchez anuncia la apertura de los archivos del golpe para este 24 de febrero, en un contexto de parálisis parlamentaria de la nueva Ley de Información Clasificada
El 23 de febrero de 2026 pasará a la historia no solo por el aniversario del intento de golpe de Estado de 1981, sino por ser la fecha elegida por el presidente del Gobierno para anunciar un paso trascendental en la transparencia democrática de España. A través de un mensaje en la red social ‘X’, Pedro Sánchez ha adelantado que el 24 de febrero el Ejecutivo procederá a la desclasificación de los documentos del 23F. El objetivo, según el mandatario, es «saldar una deuda histórica con la ciudadanía» y arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la Transición.
Una desclasificación «ad hoc» frente al atasco legislativo
Este movimiento se produce mediante una decisión ejecutiva directa, una posibilidad que permite la actual Ley 9/1968 de Secretos Oficiales (una norma de la época franquista), pero que choca con la realidad legislativa en el Congreso. A pesar de la voluntad de transparencia mostrada con los papeles del golpe, el Proyecto de Ley de Información Clasificada —destinado a sustituir a la ley de 1968— lleva siete meses «atascado» en su tramitación parlamentaria.
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En julio de 2025, el ministro Félix Bolaños auguró que la norma podría entrar en vigor en el último trimestre de 2026. Sin embargo, el ritmo actual de la cámara baja ha enfriado las expectativas de una reforma estructural que automatice estos procesos.
¿Qué cambiaría con la nueva normativa?
El contraste entre la ley vigente y el proyecto de ley aparcado en el Congreso es notable en cuanto a plazos y transparencia:
| Punto de comparación | Ley actual (1968) | Proyecto de Ley (2025) |
| Plazo máximo | Hasta 50 años (o indefinido por seguridad) | 45 años (prorrogables otros 15) |
| Desclasificación | Discrecional (decisión del Gobierno) | Automática tras cumplirse el plazo |
| Crímenes de lesa humanidad | Puede ser clasificada | No podrá ser objeto de clasificación |
| Efecto retroactivo | No contemplado | Desclasificación automática de documentos previos a 1980 |
Los «puntos calientes» de los documentos del 23F
La apertura de estos archivos genera una gran expectación entre historiadores y periodistas. Bajo la ley actual, solo el Consejo de Ministros o el Presidente del Gobierno tienen la potestad de autorizar que estos papeles se hagan públicos cuando el interés histórico supera el riesgo de seguridad nacional. Se espera que los documentos revelen detalles inéditos sobre las comunicaciones de los golpistas, informes de inteligencia previos y el papel exacto de diversos actores políticos y militares durante aquellas horas críticas de 1981.
