Madrid — El Gobierno de España ha manifestado su rotunda oposición al acuerdo alcanzado por varios Estados miembros de la Unión Europea para la creación de un centro de deportación y retorno de migrantes en Ruanda. Desde el Ejecutivo se ha cuestionado abiertamente la legalidad de esta vía y se ha defendido un modelo centrado en los derechos humanos.
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En la misma línea se ha pronunicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha afirmado que estas «soluciones innovadoras» impulsadas por socios comunitarios como Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos carecen de garantías jurídicas sólidas. «En modo alguno respaldamos esas soluciones innovadoras que, por cierto, son de dudosa legalidad», ha señalado Saiz, reiterando que España aboga de forma constante por una migración regular, ordenada y segura.
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Frente común comunitario y discrepancias de fondo
El proyecto —que contempla desviar a territorio ruandés a aquellos solicitantes cuya petición de asilo haya sido rechazada definitivamente— cuenta con el rechazo frontal del Palacio de la Moncloa. Ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que este tipo de políticas de externalización de fronteras no albergan «ni futuro ni humanidad», distanciándose de las fórmulas que buscan derivar la gestión de los retornos fuera de las fronteras de la Unión Europea.
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Mientras que sectores comunitarios y los países firmantes defienden que la medida agilizará las expulsiones y combatirá a las mafias, el Ejecutivo español insiste en priorizar la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, manteniendo el respeto estricto por el derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales.
















