En un movimiento político de gran calado, Junts per Catalunya ha pactado con el PSOE una medida que podría cambiar el panorama de la inmigración en Cataluña. La Generalitat podrá exigir el conocimiento del catalán a los inmigrantes como requisito para concederles la residencia. Esta propuesta, defendida por el expresidente Carles Puigdemont, se fundamenta en la necesidad de «proteger la cohesión de la sociedad de acogida» y construir «un solo pueblo».
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La medida forma parte de un acuerdo más amplio entre Junts y el PSOE, con el que los nacionalistas catalanes buscan reforzar el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública y garantizar su prevalencia en la sociedad. Según fuentes del partido, el objetivo es integrar a los extranjeros en la cultura y tradiciones de Cataluña, asegurando así la continuidad del idioma.
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Esta exigencia ha generado un intenso debate político y social. Mientras los defensores de la medida consideran que el conocimiento del catalán es fundamental para la inclusión y la participación en la vida comunitaria, los críticos la ven como una barrera discriminatoria que podría dificultar la llegada y estabilidad de los inmigrantes en la región.
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Desde el Gobierno central, el PSOE ha evitado hacer declaraciones concretas sobre cómo se implementará la medida, pero ha reconocido que el pacto con Junts incluye «instrumentos para fomentar el aprendizaje del catalán» entre los nuevos residentes. Entretanto, partidos como el PP y Vox han criticado duramente la iniciativa, calificándola de «imposición» y «chantaje político».
Con esta propuesta, Puigdemont y Junts refuerzan su apuesta por la soberanía lingüística y el nacionalismo cultural en Cataluña, convirtiendo el idioma en un eje clave del debate político y social en la comunidad autónoma.
