Con una inversión superior a los 600.000 euros, con cargo al FEDER, la implementación del nuevo sistema permitirá una gestión más avanzada de los expedientes. El programa contempla un plan de formación a los agentes, así como un módulo para que el ciudadano visibilice los datos de su expediente y facilite su resolución
La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha licitado el suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma de gestión para la digitalización de los procedimientos que efectúa la Policía Local.
Con un presupuesto base de licitación, tanto para el software como para el suministro de dispositivos inteligentes, de 622.919 euros, esta implementación estará financiada con cargo al Programa Operativo del FEDER y, en concreto, en el eje relativo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital.
El contrato licitado por el departamento que lidera Alberto Gaitán pretende garantizar la gestión innovadora y avanzada de los expedientes administrativos, dotándose para ello de una serie de herramientas que modernicen y agilicen el desempeño de sus atribuciones, al objeto de facilitar la actuación del Cuerpo y, por tanto, de mejorar su eficacia y prestar un mejor servicio en ámbitos como tráfico, seguridad ciudadana o policía administrativa.
Con ese cometido, la licitación contempla el suministro de los elementos tecnológicos adecuados, integrados en una plataforma informatizada que incrementará el grado de digitalización de las funciones diarias, permitiendo asimismo la aplicación de las recientes normas sobre Administración Electrónica, Esquema Nacional de Seguridad, Protección de Datos y las directivas comunitarias.
De igual modo, el programa incluye un plan de formación a los agentes, así como un módulo para que el ciudadano visibilice los datos de su expediente y facilite su resolución.
Además de los requisitos mínimos de solvencia económica y técnica, serán sometidos a valoración aspectos tales como: la calidad del plan de implementación, de ejecución y de su mantenimiento evolutivo; la cualificación del plan de formación, su planificación y programa de contenidos; la capacidad para incorporar herramientas externas como portafirmas o pasarelas de pago para facilitar el abono de las sanciones por parte del infractor; la calidad de los medios tecnológicos ofertados y la adecuación de los mismos a la actividad policial; y un plan de soporte al usuario, entendido como un canal de interlocución para la correcta explotación de la plataforma.
Para la comprobación de la veracidad de los criterios, el licitador deberá incluir vídeos demostrativos del sistema en producción por cada una de las funcionalidades a evidenciar. Entre las propuestas, se valorará aquella que minimice el tiempo de implantación e incluya un mínimo de meses de mejora, la posesión de certificados de eficiencia y disponer de una plataforma online de formación sin coste a la que podrán acceder los funcionarios de la Ciudad.
Una vez se adjudique (el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 8 de noviembre), el plazo de ejecución del contrato, tanto de la instalación, incluida migración y formación, como para el suministro del material informático será de seis meses.
