La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un informe en el que se destaca la participación preeminente del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de correos electrónicos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Estos correos están relacionados con un pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
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El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla cronológicamente las comunicaciones entre la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y otros miembros de la Fiscalía. Estas comunicaciones ocurrieron entre el 8 y el 14 de marzo, según el plazo fijado por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa.
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Los investigadores concluyen que desde las 21:59 horas, cuando el fiscal general del Estado recibió un correo crucial, hasta las 23:51 horas, cuando se produjo la filtración, solo un número muy reducido de personas tuvo acceso a todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa. Estas personas también conocían el periodo aproximado en el que se publicaría un comunicado del Ministerio Público.
La Fiscalía ha recurrido el registro del despacho del fiscal general ordenado por el Tribunal Supremo, argumentando que la filtración debe haberse iniciado dentro de la Fiscalía General del Estado. Los agentes señalan que la iniciativa para realizar la nota de prensa y requerir los diferentes correos provino directamente del fiscal general del Estado.
En el informe, la UCO asegura que la nota de prensa fue elaborada por la Fiscalía General con datos proporcionados por la Fiscalía Provincial, canalizando las órdenes a través de Pilar Rodríguez. La información se haría pública a través de la Fiscalía de Madrid.
Los agentes concluyen que hay una o varias personas en la Fiscalía General que apoyan al fiscal general en la redacción de la nota de prensa, aunque no han podido ser identificadas con la información disponible actualmente.
Ante estos hallazgos, la UCO ha solicitado al juez acceso a la información incautada en el registro del despacho de García Ortiz, realizado el 30 de octubre. El juez Ángel Hurtado ha autorizado esta petición, encargando a la UCO el análisis de la información incautada.
El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado un auto para alzar el secreto del informe pericial sobre el material intervenido en el despacho de Rodríguez, indicando que los elementos hallados justifican la necesidad de analizar el material incautado a García Ortiz. Se ha ordenado mantener el secreto de esta diligencia.
Además, se ha acordado trasladar a la UCO elementos aportados al procedimiento por los implicados, como correos electrónicos, para esclarecer los hechos. Estos correos podrían ser útiles para la investigación del fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador.
