El alcalde de Estepona, José María García Urbano, del Partido Popular (PP), ha comparecido este lunes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. La declaración se produce en el marco de una investigación judicial tras la denuncia presentada por un policía local que acusa al alcalde de acoso sexual y amenazas.
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La comparecencia fue solicitada por el propio García Urbano, quien acudió acompañado de su abogado. Durante la sesión, el alcalde solo respondió a las preguntas formuladas por su defensa, evitando contestar a las cuestiones planteadas por la fiscalía y la acusación particular.
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El caso ha suscitado gran interés mediático y político, especialmente porque no es el único escándalo de este tipo que afecta al PP en la región. Varias acusaciones de presuntos casos de abuso sexual han salpicado tanto a Algeciras como a Estepona, generando un clima de tensión y desconfianza.
La denuncia fue interpuesta el 23 de octubre en el Decanato de los Juzgados de Estepona, justo un día antes de que otro caso mediático, el de Íñigo Errejón, saliera a la luz. Según el denunciante, un policía local en prácticas desde marzo de 2022, el alcalde habría utilizado amenazas para coaccionarlo a él y a su pareja sentimental.
El documento de la denuncia, que consta de siete folios, detalla cómo el regidor contactaba a diario con el agente para satisfacer sus deseos sexuales. El denunciante afirma que accedió a las pretensiones del alcalde por miedo a perder su empleo, ya que García Urbano le recordaba constantemente su poder sobre su puesto de trabajo.
Tras esta declaración, se espera que el Juzgado cite a un testigo en los próximos días, lo que podría arrojar más luz sobre el caso y sus implicaciones legales.
Reacciones Políticas
El caso ha tenido repercusiones políticas significativas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie sobre el comportamiento del alcalde de Estepona. Consideran que Feijóo ha evitado abordar este tema en su discurso ante la Junta Directiva del PP, aunque sí ha condenado las acusaciones contra Íñigo Errejón.
Fuentes del PSOE critican a Feijóo por su supuesta tendencia a ignorar los asuntos más delicados para su partido, calificándolo de «experto en escapismo». Argumentan que esta actitud no es digna de alguien que aspira a la Presidencia del Gobierno.
La situación plantea un desafío para el PP, que debe gestionar las acusaciones internas mientras mantiene su imagen pública. La presión sobre Feijóo para que tome una posición clara podría aumentar si el caso sigue ganando atención mediática.
En conclusión, el caso del alcalde de Estepona no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, afectando la percepción pública del PP en un momento crítico. La evolución de la investigación y las reacciones de los líderes políticos serán determinantes para el futuro del partido y del propio García Urbano.
