Ocho de cada diez abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en España son cometidos por personas de su entorno cercano y los procesos judiciales, en muchos casos, prolongan el sufrimiento de las víctimas durante años. Así lo revela el informe “Por una justicia a la altura de la infancia”, publicado este jueves por Save the Children, tras analizar 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024.
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El estudio advierte que el 82,9% de las víctimas son niñas o adolescentes y que la edad media en la que comienzan a sufrir los abusos es de 12 años. Un 5% de las víctimas presenta algún tipo de discapacidad, lo que incrementa su vulnerabilidad.
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Respecto a los agresores, el 98% son hombres, y en el 80% de los casos pertenecen al entorno familiar o cercano: padres, parientes, amigos de la familia o profesionales que trabajan con menores. Además, seis de cada diez no tenían antecedentes penales.
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Procesos largos y revictimización
Uno de los aspectos más preocupantes es la lentitud de la justicia: el 40,9% de los procedimientos dura más de tres años y en un 12,1% se prolonga por encima de los cinco. Este retraso obliga a los menores a revivir el trauma en reiteradas declaraciones. Más de la mitad de las víctimas tuvo que testificar en más de una ocasión.
El informe destaca que en solo un 34,5% de los casos se aplicó la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar su repetición), a pesar de que es obligatoria para menores de 14 años.
Un ejemplo de estas carencias es el de Sara, que sufrió abusos por parte de su padre desde los 10 años. La causa judicial tardó cuatro años en resolverse y, pese a la gravedad del caso, el agresor recibió una condena de apenas dos años y seis meses, beneficiado por la atenuante de dilaciones indebidas.
“Una violencia silenciada”
Para Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, los datos evidencian que “estamos ante una violencia silenciada”. Subraya que casi la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España tienen como víctimas a niños y adolescentes, pero “el sistema judicial sigue sin estar preparado para protegerlos”.
Save the Children reclama la creación de más secciones de justicia especializada, fiscalías específicas en violencia contra la infancia, equipos técnicos multidisciplinares y la extensión del modelo Barnahus —que centraliza en un mismo espacio atención psicológica, social y judicial— a todas las comunidades autónomas.
“La justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual”, concluye la organización.
