La Mesa de Contratación del Hotel ‘Puerta de África’ ha confirmado la existencia de un posible conflicto de interés en el procedimiento de arrendamiento del establecimiento, según lo denunciado por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). No obstante, la manera en que la formación ha llevado a cabo su denuncia vuelve a demostrar una tendencia a la precipitación y a la falta de rigor en su argumentación.
El MDyC solicitó a dicho órgano que aclarara si la empresa ‘Heracles Gaming’ incurrió en un conflicto de interés al presentar su oferta. Según su denuncia, la declaración responsable de la entidad fue firmada por un familiar directo de Melchor León, miembro de la Mesa de Contratación en representación del PSOE.
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El informe emitido por la Mesa de Contratación confirma que la documentación presentada por ‘Heracles Gaming’ contiene la firma de la persona que el MDyC vincula a León, según lo registrado en la última actualización del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Sin embargo, este medio ha tenido acceso al documento de renuncia de la administradora de dicha empresa, firmado digitalmente el 6 de febrero, un día antes de la apertura de sobres, lo que desmiente la validez de la acusación en los términos planteados por el MDyC.
Este error vuelve a poner en entredicho el método del MDyC a la hora de realizar denuncias públicas. En lugar de esperar a contar con toda la documentación necesaria, la formación localista ha vuelto a realizar acusaciones sin contrastar todos los datos, lo que resta credibilidad a su labor de fiscalización. La Mesa de Contratación, de hecho, aún puede solicitar dicha documentación si la considera relevante, pero esto no justifica la ligereza con la que el MDyC ha abordado el asunto.
Si bien el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece medidas contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés, también exige responsabilidad y rigor a la hora de formular denuncias. Hacer acusaciones infundadas o sin contar con todos los elementos puede derivar en un perjuicio innecesario para las instituciones y los procedimientos administrativos en curso.
El caso sigue en estudio, pero este nuevo episodio evidencia la necesidad de que el MDyC adopte un enfoque más responsable y documentado en su labor de oposición, en lugar de priorizar titulares alarmistas sin un respaldo sólido.
