José Antonio López, secretario de Políticas Institucionales de CCOO de Ceuta, ha participado en la rueda de prensa y reuniones institucionales en Canarias
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) presentó este lunes en Las Palmas de Gran Canaria la propuesta para destinar diez millones de euros al incremento de la indemnización por residencia del personal público de la Administración General del Estado en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, a través de la modificación de la Disposición Transitoria Cuarta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Una medida que considera «imprescindible para garantizar los derechos de la ciudadanía con la prestación de unos servicios públicos de calidad en estos territorios».
El sindicato viene alertando de la preocupante pérdida de personal en estas regiones, que acumula una destrucción de empleo público superior a los cuatro mil efectivos en los últimos diez años.
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La última actualización de la indemnización por residencia se acordó en el año 2007, pero los recortes de la crisis económica posterior impidieron la continuidad pretendida por CCOO, que considera inaplazable abordar de manera inmediata su incremento. Propone una partida presupuestaria de 10 millones de euros con el objetivo de paliar las especiales características de estos territorios y fijar las plantillas como uno de los elementos imprescindible garantizar la prestación de los servicios públicos y la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.
El personal público de la Administración General del Estado que se vería beneficiado se sitúa en 19.024 trabajadores y trabajadoras. El mayor volumen de efectivos se encuentra en Canarias, con 7.525. En Illes Balears la cifra llega a los 3.961, mientras que a Melilla y Ceuta corresponden 3.813 y 3.725, respectivamente.
CCOO recuerda que el pasado 10 de noviembre inició una campaña de movilizaciones en defensa de los servicios públicos, en la que exige el cumplimiento de los acuerdos para la mejora del empleo público y la recuperación de la negociación. Exige el incremento de la inversión en los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de más de tres millones de empleadas y empleados.
