Hoy ha habido Junta de Seguridad en la Delegación del Gobierno para hablar del Puerto de Ceuta. Sólo ha trascendido que se crearán grupos de trabajo integrados por los cuatro cuerpos de fuerza y seguridad que intervienen en la zona: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Portuaria. Además, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha asegurado que el compromiso de la Delegación para implementar la frontera inteligente en el Tarajal sigue vigente.
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En el Puerto hay jóvenes intentando llegar a la Península como sea. Esto provoca una situación anómala en el puerto, que la Junta de Seguridad enfoca desde el punto de vista de la presión a la infraestructura y no de la situación personal que viven los que la ejercen. Desde esta perspectiva, Vivas ha sido muy gráfico a la hora de explicar la solución al problema: «hay que cortar la hemorragia y cerrar la herida«.
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Dos fronteras físicas en una misma ciudad
La «hemorragia» sería la permeabilidad del Tarajal, que permite que decenas de personas migrantes «trasladen la frontera al Puerto«. Esto se atajaría con la frontera inteligente que el ministro del Interior, Grande-Marlaska ha prometido para verano. Entre otras medidas, se pretende instalar un sistema de reconocimiento facial y de huellas digitales.
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La «herida» son las instalaciones portuarias que se «tienen que blindar», según ha reiterado el presidente Vivas. Y la forma de hacerlo es ya una letanía al gobierno de Madrid: más efectivos policiales y que Puertos del Estado declare la situación de emergencia para que las obras necesarias se puedan efectuar los más breve posible.
O deportación o traslado
Vivas ha explicado que el año pasado se contabilizaron unas 1.000 incidencias en el Puerto. Este año se han notificado 1.400, lo que supondría superar a las 6.000 si se siguiese con la misma dinámica. El Gobierno utiliza estos datos para apoyar su respuesta a la crisis migratoria de los menores marroquíes: expulsión a Marruecos o, si no fuera posible, traslado a otros centros peninsulares. Vivas reconoce que «el problema no es nuevo, pero se ha intensificado». Los dos adolescentes fallecidos -un transportista está acusado de homicidio-, el incendio de los coches abandonados y las reyertas de hace unas semanas son los elementos que utiliza el presidente de Ceuta para hablar con voz de alarma.
