Mientras la reforma de la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva se encuentra camino del Senado, el Ministerio de Sanidad publica un informe sobre la situación actual de la IVE
El pasado 15 de diciembre se aprobaba en el Congreso la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Garantía del Aborto. Esta reforma, que tiene entre los objetivos la posibilidad por parte de las mujeres (desde los 16 años) a una Interrupción Voluntaria del Embarazo libre y segura, se encuentra camino al Senado para ser definitivamente implantada. Mientras, el Ministerio de Sanidad publica un informe sobre la situación actual de las IVE en España exponiendo que en los últimos años se ha dado una tasa descendiente de embarazos no deseados.
El informe publicado muestra que el ligero incremento de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas directamente en centros públicos se sustenta en la utilización exclusiva del método farmacológico relegando la técnica instrumental, que es la elegida mayoritariamente por las mujeres cuando estas pueden elegir libremente. Es el caso de las comunidades de Cataluña y Baleares. Además, aunque la tasa de abortos voluntarios haya sido a favor de la sanidad pública frente a la privada en los últimos 10 años, el 84% de las IVE realizadas en 2021, últimos datos anuales obtenidos, fueron llevadas a cabo en centros de carácter privado. Esto presenta también un carácter territorial, destacando Aragón -1.909 abortos en centros privados- y Extremadura -0 abortos en centros públicos- como regiones en las que son urgentes políticas al respecto.
En el documento, se expone un incremento de 1920 mujeres con respecto al año pasado, de 88.269 en 2020 a 90.189 en 2021. Estas cifras se equiparan a las dadas anteriormente a la pandemia, lo que significa que la tasa de IVE se regulariza y se mantiene estable entre las mujeres españolas. Sin embargo, exceptuando el año de la pandemia, el número de mujeres que abortaron durante 2021 es el más bajo registrado en los últimos diez años, lo que indica que el embarazo no deseado y, en consecuencia, el aborto provocado siguen disminuyendo en nuestro país.
En base a los datos expuestos, y pese a las materias pendientes que aún quedan por abordar en lo que a salud sexual y anticoncepción se refiere, podemos decir que en términos generales se está mejorando el uso e incorporación de los métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales. Además, el 90% de las IVE tienen lugar antes de la semana 14, de forma temprana, lo que muestra cierta responsabilidad en este sentido. No obstante, desde la Federación de Planificación Familiar SEDRA denuncian “mismas tendencias y mismas desigualdades, a la espera de la aprobación y aplicación de la nueva ley”.
En lo respectivo a la fase final de la actual tramitación para la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la organización ACAI pone de manifiesto que la Sanidad Pública no pone las bases necesarias para asegurar que la prestación sanitaria del aborto se realice con la completa seguridad y libertad para las mujeres. No se crean equipos multidisciplinares ni se forman a personal especializado en estos métodos. Sino que se sigue apoyando el aborto con fármacos incluso más allá de la semana nueve, algo no recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Así, desde esta organización demandan un cumplimiento y aplicación real de la reforma y que no se convierta en “una declaración de principios no conseguidos, como ocurre con la actual legislación”. “Todos los centros acreditados para la práctica sanitaria del aborto provocado, ya sean públicos, concertados o privados, deberían tener la capacidad de garantizar la calidad, la seguridad sanitaria y libertad de elección de las mujeres”, concluye la organización debido a que “a día de hoy, no se están posibilitando los medios e instrumentos para que dicha apuesta sea una realidad”.
