El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha acusado a la empresa municipal del agua, ACEMSA, de falta de transparencia tras negarle el acceso a documentación clave relacionada con la adjudicación de un contrato millonario para la explotación y mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Ceuta.
Una adjudicación bajo sospecha
Durante el último Consejo de Administración de ACEMSA, celebrado este martes, se discutió la adjudicación de un contrato valorado en 6.862.436,46 euros a una empresa cuya oferta supera en 300.084,94 euros a la presentada por otra mercantil, que ofertó 6.562.351,52 euros. Según los localistas, la decisión se justificó basándose en “criterios sometidos a juicios de valor”, lo que generó dudas sobre la objetividad del proceso.
El MDyC solicitó acceder a los pliegos y al informe técnico que explican por qué la primera empresa obtuvo una mayor puntuación pese a su oferta económica superior. Sin embargo, aseguran que tanto el envío telemático como la consulta presencial de esta información fueron denegados por el gerente de ACEMSA.
“Ocultan documentación y piden el voto”
Desde el MDyC critican duramente esta negativa, señalando que la empresa municipal está incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la información pública. “Ocultan la documentación y nos piden que votemos a ciegas”, denuncian, subrayando que, sin transparencia, no es posible emitir un voto responsable.
La formación política, además, ha expresado su preocupación por lo que consideran un comportamiento irregular. “Si antes teníamos dudas sobre los criterios subjetivos de valoración, ahora nos hace pensar que podría haber algo más grave detrás de este proceso”, han afirmado.
Te interesa
Exigen responsabilidades
El MDyC ha pedido explicaciones al gerente de ACEMSA por su negativa a facilitar la documentación y ha reiterado que seguirá luchando por la transparencia en la gestión de los recursos públicos. “La transparencia no es el fuerte de la empresa municipal del agua”, han lamentado, señalando que estas prácticas socavan la confianza en la administración pública y en los procesos de adjudicación de contratos.
Por último, han advertido que continuarán exigiendo responsabilidades y que no descartan tomar medidas adicionales si no se garantiza el acceso a la información requerida.
