El expresidente de la SEPI (Vicente Fernández Guerrero), detenido ayer junto a Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos, era considerado un hombre de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La información oficial revela que Fernández percibía un salario anual que rondaba los 220.000 euros brutos, uno de los más altos de la empresa pública. A pesar de dimitir en 2019 tras ser imputado en el Caso Aznalcóllar –del que fue absuelto la semana pasada–, mantuvo una presencia insólita y dejó el cargo sin reemplazo durante 16 meses.
La detención de Vicente Fernández Guerrero por presuntas irregularidades en contrataciones públicas pone el foco en su gestión al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su estrecha relación con la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un salario de 220.000 euros y la sombra de Montero
Los datos de retribuciones del organismo público revelan que el salario anual de Fernández Guerrero, que llegó a la SEPI en junio de 2018, rondaba los 220.000 euros brutos, una cifra que situaba su cargo entre los mejor remunerados del sector público. Este directivo fue traído a Madrid por Montero desde la Junta de Andalucía, donde ella era consejera de Hacienda y él ejercía como Interventor General, una relación que la oposición ha tachado de «agradecimiento a los servicios prestados».
Dimisión por imputación y vacante de 16 Meses
Fernández Guerrero se vio obligado a dimitir en octubre de 2019 tras ser imputado en el Caso Aznalcóllar por el supuesto amaño en la adjudicación de la mina.
Sin embargo, a pesar de su dimisión, Montero optó por no nombrar un sustituto inmediato, manteniendo la presidencia de la sociedad vacante durante 16 meses –hasta marzo de 2021– con la presunta intención de «guardarle» el puesto hasta que fuera desimputado. Esta dilación fue cuestionada por la oposición, que solicitó la comparecencia de la ministra.
Curiosamente, el arresto de Fernández se produce una semana después de que la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolviera a él y a otros 15 acusados en el Caso Aznalcóllar, al considerar que la acusación era «infundada».
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La SEPI, sin liderazgo efectivo, fue el instrumento clave del Gobierno para la creación del Fondo de Rescate de 10.000 millones de euros para empresas afectadas por la crisis del COVID-19. La parálisis fue notable: ocho meses después de su constitución, solo se había concedido un préstamo (a Air Europa), una operación que será juzgada por el Tribunal Supremo por presiones políticas.
Finalmente, Montero designó a Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI en marzo de 2021. Gualda, ingeniera con experiencia en Navantia, es también otra directiva con lazos con Montero desde su etapa en la Junta de Andalucía, donde fue responsable de la Agencia de Obra Pública.
