El Consejo de Ministros aprueba un ambicioso paquete fiscal que sustituye el antiguo descuento de los 20 céntimos por una reducción directa de impuestos. El plan recupera el «escudo social» con la prohibición de cortes de suministros básicos tras tres semanas de escalada bélica en Oriente Próximo.
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España activa su respuesta económica ante la crisis energética. Coincidiendo con las tres semanas del inicio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Ejecutivo ha diseñado una batería de medidas de choque. El conflicto ha disparado el barril de Brent por encima de los 100 dólares, provocando que llenar un depósito de diésel supere ya la barrera de los 100 euros.
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Rebaja fiscal directa frente a la bonificación por litro
A diferencia de la fórmula empleada tras la invasión de Ucrania en 2022, el Gobierno ha descartado el descuento de los 20 céntimos en el surtidor. En su lugar, ha optado por una vía de rebaja fiscal directa más generalizada y ambiciosa de lo previsto inicialmente.
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- Carburantes: El IVA de las gasolinas caerá del 21% al 10%. Además, el decreto incluye la supresión del impuesto especial a los hidrocarburos, un gravamen que afecta no solo a la gasolina y el diésel, sino también al gas natural, querosenos y gases licuados del petróleo (GLP).
- Electricidad: Se imita la fórmula de alivio del pasado año reduciendo el IVA del recibo al 10%. Asimismo, se recorta el impuesto especial eléctrico (fijado en el 5%) y se elimina el impuesto a la producción que abonan las eléctricas.
Estas medidas llegan en un contexto crítico donde el precio del gas en la referencia de Países Bajos ronda los 60 euros/MWh —lejos de los 300 euros de 2022, pero el doble que antes de las hostilidades— y los carburantes han registrado subidas de entre el 19% y el 32% desde el estallido del conflicto.
Recuperación del escudo social y tensiones en la coalición
El paquete legislativo no solo tiene un cariz recaudatorio, sino que busca recuperar medidas de protección ciudadana que habían decaído recientemente. El Ejecutivo reinstaura la prohibición de cortar suministros básicos (luz, agua y gas) a personas en situación de vulnerabilidad y procede a la ampliación del bono social eléctrico. Por el momento, quedan fuera de este decreto nuevas rebajas en el IVA de los alimentos.
Sin embargo, la gestación del plan ha evidenciado las grietas en el Gobierno de coalición. El socio minoritario, Sumar, ha mostrado su firme rechazo a un decreto centrado prioritariamente en la bajada de impuestos, exigiendo medidas adicionales como la congelación de los alquileres o la limitación de los márgenes empresariales. Este desacuerdo ha mantenido paralizada la reunión del Consejo de Ministros durante horas, evidenciando la dificultad de consenso en la respuesta a esta nueva crisis internacional.
