El Senado inicia esta semana el debate de varias iniciativas dirigidas a endurecer los criterios de concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA y a reforzar las medidas contra los actos de homenaje o enaltecimiento de miembros de la banda terrorista.
La mayoría del PP en la Cámara Alta permitirá sacar adelante las propuestas, que posteriormente deberán continuar su tramitación en el Congreso de los Diputados. El objetivo de los populares es revisar los mecanismos que han permitido aplicar fórmulas de flexibilización penitenciaria a antiguos miembros de ETA y garantizar una política penitenciaria basada en el “máximo rigor” y el respeto a la legalidad vigente.
El PP pide revisar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
Uno de los puntos principales de la iniciativa es la modificación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una vía que permite aplicar modelos individualizados de cumplimiento y que ha sido utilizada en algunos casos para facilitar regímenes de semilibertad.
El PP sostiene que este mecanismo debe ser revisado para evitar decisiones penitenciarias que, a su juicio, puedan contradecir el espíritu de la legislación aplicable y resultar ofensivas para las víctimas del terrorismo.
La propuesta reclama reforzar el papel de la Administración General del Estado y del Ministerio Fiscal para supervisar, recurrir e impugnar decisiones penitenciarias que se consideren contrarias a los principios de memoria, dignidad, justicia y reparación.
Los casos de Anboto y Txeroki, en el centro del debate
La iniciativa llega después de la polémica generada por beneficios penitenciarios concedidos a antiguos dirigentes de ETA como Soledad Iparragirre, Anboto, cuya semilibertad fue revocada, y Garikoitz Aspiazu, Txeroki, condenado por su papel en la estructura de la banda.
Estos casos han reabierto el debate político sobre el margen de aplicación de los beneficios penitenciarios y sobre el papel de las instituciones en la supervisión de las decisiones que afectan a presos condenados por terrorismo.
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Desde el PP insisten en que la política penitenciaria no debe convertirse en una herramienta de negociación política y debe respetar siempre la memoria de las víctimas.
Creación de una Comisión de Interior
Otra de las medidas planteadas pasa por crear una Comisión de Interior en el Senado para analizar los beneficios penitenciarios concedidos a presos de ETA y estudiar posibles cambios normativos.
La propuesta busca dar respuesta al malestar expresado por asociaciones de víctimas, que reclaman mayor control sobre las decisiones penitenciarias y una interpretación más estricta de los requisitos para acceder a regímenes de semilibertad o tercer grado.
El documento impulsado por los populares subraya que las instituciones tienen la obligación de garantizar que cualquier decisión en esta materia respete los principios de reparación, memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
Fin de los homenajes a miembros de ETA
El Senado también debatirá medidas para impedir los actos de homenaje a presos y antiguos miembros de ETA. La iniciativa se centra en evitar que eventos populares, manifestaciones, pancartas, pintadas o actos públicos puedan ser utilizados para ensalzar a integrantes de la banda terrorista.
UPN ha planteado varias demandas en esta línea, entre ellas impulsar en el Congreso iniciativas ya aprobadas para acabar con los actos de enaltecimiento del terrorismo, impedir que estos homenajes se produzcan en eventos públicos y exigir responsabilidades a los organizadores cuando se lleven a cabo.
También se reclama garantizar que ningún acto que suponga una humillación para las víctimas cuente con financiación de administraciones públicas.
Covite denunció 374 actos de apoyo a ETA en 2025
El debate se produce en un contexto de preocupación por el aumento de actos de apoyo a presos de ETA. Según los datos citados por Covite, en 2025 se registraron 374 actos de apoyo a ETA, entre ellos manifestaciones para reclamar excarcelaciones, pintadas, pancartas y expresiones explícitas de respaldo a presos de la organización terrorista.
En 2026, la polémica también ha alcanzado eventos populares como la Korrika, donde se exhibieron fotografías de miembros de ETA, según las denuncias recogidas por distintos medios.
Una ofensiva política en defensa de las víctimas
Las iniciativas que debatirá el Senado forman parte de una ofensiva política destinada a reforzar la protección institucional de las víctimas del terrorismo y limitar cualquier interpretación flexible de los beneficios penitenciarios a condenados de ETA.
Con la mayoría del PP en la Cámara Alta, las medidas serán previsiblemente aprobadas y remitidas al Congreso, donde deberán afrontar una tramitación más compleja. El debate volverá a situar en el centro la política penitenciaria, la memoria de las víctimas y los límites legales frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo.
