El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado un debate en el ámbito europeo para que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta iniciativa busca condicionar la ampliación del bloque comunitario a la incorporación de estas lenguas, lo que ha generado tensiones con otros Estados miembros.
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Fernando Sampedro, secretario de Estado para la UE, expresó que es hora de acabar con la discriminación que sufren 20 millones de españoles que viven en territorios con más de una lengua oficial. Sin embargo, en Bruselas y otras capitales europeas se ha pedido cautela, ya que el tema no es una prioridad para la Unión.
El Consejo de Asuntos Generales de la UE dedicó solo 10 minutos a discutir sobre las lenguas cooficiales, lo que refleja la falta de urgencia en este asunto. Algunos países, como Alemania y Lituania, han manifestado su desacuerdo con la estrategia de España de vincular la ampliación de la UE a este debate lingüístico.
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La oficialidad de estas lenguas fue parte del acuerdo de investidura en 2023, pero hasta ahora no ha habido avances significativos. La propuesta de España enfrenta el veto de países clave como Francia e Italia, y parece poco probable que prospere durante la presidencia irlandesa del Consejo de la UE.
El secretario de Estado Sampedro ha señalado que es posible añadir lenguas al listado oficial de la UE sin modificar los Tratados, comparando la situación con la de Naciones Unidas. Sin embargo, la complejidad del proceso y la necesidad de unanimidad entre los 27 Estados miembros complican el avance de esta iniciativa.
