La Diputación Permanente del Congreso se prepara para votar este jueves dos decretos ley de vivienda, un día después de la huelga general que tuvo como principal motivo la crisis de la vivienda y justo antes del inicio de la campaña electoral. La votación se centra en dos textos aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
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El decreto que podría ser convalidado incluye medidas como la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.
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Apoyos y oposición en la votación
El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante este decreto, aunque por un solo voto de diferencia. En la Diputación Permanente, el bloque formado por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos suma 35 votos, frente a los 34 en contra de PP, Vox y Junts. El PNV será decisivo en la votación, ya que apoyará el decreto más amplio y votará en contra del que establece indemnizaciones para los inquilinos.
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El segundo decreto, que no cuenta con los apoyos suficientes para ser convalidado, obliga al propietario a indemnizar al inquilino si rompe el contrato de alquiler en los supuestos contemplados por el texto. Este decreto, presentado por el ministro Bustinduy, se centra en la prórroga automática de los contratos de alquiler impulsada por Sumar y el movimiento por la vivienda.
Detalles de los decretos de vivienda
El decreto que podría ser aprobado incluye préstamos del ICO de hasta 50.000 euros para la compra de una primera vivienda y límites a los fondos ‘buitre’. La norma también contempla la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Por otro lado, el decreto más polémico, que no será convalidado, propone prórrogas automáticas de cinco o siete años para los contratos de alquiler de vivienda habitual, con indemnizaciones de doce mensualidades si el propietario decide no renovar, salvo excepciones.
La votación de estos decretos se produce en un contexto de tensión política, con la campaña electoral a punto de comenzar y la crisis de la vivienda como uno de los temas centrales del debate político. El PP ha manifestado su intención de derogar estos decretos en caso de ganar las elecciones del 29 de noviembre.
