Cinco Estados miembros de la Unión Europea —Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y los Países Bajos— han cerrado un pacto estratégico con el Gobierno de Ruanda para la creación de un centro de retorno y expulsión de migrantes en territorio africano.
Se trata del primer acuerdo de estas características negociado de forma conjunta por miembros comunitarios con un país tercero para externalizar parte de la gestión migratoria y de los retornos. Esta vía se abre al amparo de la recién estrenada reforma del Derecho comunitario y del nuevo Reglamento de Retornos de la UE, diseñado para endurecer y agilizar las expulsiones de ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Claves y condiciones del pacto
A diferencia de intentos previos impulsados en solitario por otros países europeos en el pasado, el diseño actual contempla estrictas limitaciones operativas y garantías legales supervisadas:
- Perfil de los afectados: Únicamente podrán ser trasladados a Ruanda aquellos solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas en firme (habiendo agotado todas las vías legales en Europa).
- Imposibilidad de retorno directo: La medida se aplicará exclusivamente cuando la deportación directa a los países de origen de los migrantes resulte materialmente imposible, por ejemplo, ante la negativa de los gobiernos nativos a readmitirlos.
- Exclusiones explícitas: El protocolo deja fuera de estos traslados a los menores no acompañados.
- Perspectiva de ampliación: Si el proyecto piloto arroja resultados satisfactorios para los firmantes, los cinco países no descartan extender este modelo de colaboración a otras naciones de acogida, barajándose nombres como Uganda o Uzbekistán.
Reacciones institucionales y respaldo de Bruselas
Desde la Comisión Europea se ha celebrado de forma abierta este paso. Portavoces comunitarios han señalado que el enfoque resulta «innovador» para hacer frente a la migración ilegal, siempre que se garantice de manera estricta el respeto a los derechos humanos y la cooperación estrecha con las agencias de la ONU.
Asimismo, se ha recordado que la financiación inicial de estos centros de retorno recaerá fundamentalmente sobre los Estados miembros impulsores, sin descartar apoyos puntuales de Bruselas para medidas de acompañamiento. El anuncio oficial y los detalles definitivos de la hoja de ruta se exponen en una conferencia específica sobre migración celebrada en Viena.















