MADRID / CEUTA — Un informe elaborado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil el pasado 31 de julio advierte de que determinadas organizaciones no gubernamentales (ONG) contribuyeron al «efecto llamada» en redes sociales al difundir casos «exitosos» de acceso irregular a Ceuta. Según el documento, al que ha tenido acceso el diario La Razón, los agentes consideran que la actividad de estas entidades —que presuntamente «informaban» y «animaban» a los migrantes a «dar el paso»— influyó en la entrada masiva ocurrida aquel mes a través de la frontera de El Tarajal.
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Contexto judicial y factores señalados en el informe
El documento del Instituto Armado, redactado horas después del colapso fronterizo de julio, ha sido remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. La jueza instruye una causa para determinar si aquella entrada multitudinaria constituyó un «ataque contra la integridad de España» o pudo afectar a la paz e independencia del Estado.
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Junto con la actuación en redes de dichas asociaciones, los investigadores señalan otro factor determinante en el repunte migratorio: la «rápida difusión» de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulos los denominados «rechazos en frontera» en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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Diligencias rechazadas en Ceuta y registros previos
La información contenida en este informe coincide en el tiempo con el desarrollo de otra investigación paralela en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, centrada en las agresiones sufridas por militares y agentes de seguridad tras la entrada de julio. A principios de este mes, la titular de dicho juzgado, María Luz Lozano, con el respaldo de la Fiscalía, denegó la petición de la asociación Hazte Oír para ampliar las pesquisas sobre las organizaciones que asistieron a los migrantes durante la crisis.
En concreto, la magistrada rechazó solicitar a la Delegación del Gobierno, al Ejecutivo ceutí y a los ministerios de Derechos Sociales y de Migraciones datos sobre:
- La relación de entidades y voluntarios autorizados para repartir ayuda en vías públicas y playas.
- Las subvenciones, convenios o contratos de emergencia adjudicados a estas organizaciones durante los dos últimos años.
- La estructura interna, financiación y vehículos de asociaciones no registradas en España que operaron en la zona, señalando específicamente a No Name Kitchen.
La jueza fundamentó su negativa en los criterios del Ministerio Público, argumentando que la querella no concretaba de forma suficiente las personas físicas contra las que se dirigía la acción penal. No obstante, el pasado 22 de octubre la Guardia Civil ya procedió al registro de las instalaciones de No Name Kitchen en el marco de las diligencias abiertas por el presunto reparto de espráis de pimienta y armas blancas a migrantes para agredir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
















