El partido entiende que los gobiernos de España y Marruecos deben cooperar para dar una solución a las más de 9.000 personas que trabajaban en Ceuta o en Melilla, solución que pasa, sí o sí, por abrir las fronteras, aunque sea parcialmente
Por su parte, el secretario general del sindicato de trabajadores de Sebta explica además que, aunque muchas de estas personas pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social española, no gozan de los mismos derechos que otros trabajadores/as de EspañaLee tambien: Ceuta presenta avances en la reapertura de la urbanización de Hadú
El partido político Istiqlal cataloga de catastrófica la situación que viven más de 9.000 trabajadores y trabajadoras transfronterizos que desempeñaban su actividad profesional en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y que diariamente cruzaban los pasos fronterizos de uno y otra ciudad. Así, la formación insta a los gobiernos de ambos países a cooperar para encontrar una solución al «calvario» que llevan meses sufriendo estas personas. Para Istiqlal la solución es «clara» y pasa por abrir, sí o sí, los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. No obstante, el partido propone fórmulas como solo se abran para el tránsito de trabajadores y trabajadoras acreditados.
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Además del partido, el sindicato de «trabajadores de Sebta» también ha denunciado públicamente el daño que ha ocasionado el cierre de las fronteras terrestres para un importante sector de la población del norte de Marruecos.
No obstante, para el sindicato el cierre de la frontera también ha sacado a relucir una realidad con la que estas personas lidian desde hace años: pese a estar contratadas bajo la legislación española y a que en sus nóminas pagan, además de las cotizaciones a la seguridad social, «un 24% de impuestos por ser extranjeros» según explica este sindicato, no gozan de los mismos derechos que el resto de trabajadores/as de España. El secretario general del sindicato, Chakib Marouane, en declaraciones el medio L’Opinion, ha declarado que el gobierno español «se niega» a darle cobertura asistencial y que están «privados» de sus «derechos básicos».
