El grupo político Caballas ha ofrecido una rueda de prensa frente a los medios de comunicación a raíz del conocimiento durante la jornada de ayer del auto firmado por la magistrada Raquel Lucini. Dicho auto, en el que han participado 60 investigados, cierra la instrucción del Caso Emvicesa y se salda con la decisión de continuar el procedimiento.

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Por su parte ambos diputados han tenido relación con el caso, Juan Luís Aróstegui en calidad de testigo y Mohamed Alí como investigado. Por dicha condición Alí ha querido comparecer pero con cautela, al tiempo que ha recriminado que a su procurador todavía no le haya sido entregado el auto en cuestión.

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Alí se declara en desacuerdo cuando la jueza que le atribuye una participación activa en la causa.

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Cita el auto judicial textualmente: «Mohamed Alí tiene dos familiares, una en la promoción de 225 viviendas y otra en la promoción de 170 (objeto de análisis judicial)… Además de la malversación y la prevaricación administrativa, concurre en las circunstancias de haber formado parte de la Comisión Local de la Vivienda que entregó inmuebles a varios familiares suyos… Siendo esta persona, (en la promoción de las 170), la hermana de su mujer…Si analizamos la copia del expediente remitido por Asuntos Sociales podemos comprobar como TODOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA CONFIGURACION DEL EXPEDIENTE PERSONAL DE ADJUDICACION SON DE FECHA POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA VIVIENDA EN LA PROMOCION 170». La jueza destaca su sorpresa al analizar los documentos aportados y se sirve de las mayúsculas para redactar esta parte del auto.

Alí se excusa, «nosotros en la oposición no gestionamos fondos públicos» y lamenta los quebraderos de cabeza que este proceso ha provocado a su partido y entorno familiar. Enseguida el líder de Caballas ha cedido la palabra a su portavoz.

«En ningún momento participaba en la adjudicación de viviendas»
Mohamed Alí, CAballas

Para Juan Luís Aróstegui, una vez analizado el auto, la conclusión de la jueza no varía de la posición de Caballas respecto al caso. El diputado por Caballas ha defendido la honradez de su compañero de filas pero ha reconocido «sabemos que esto constituye un arma política y acatamos las reglas del juego», señaló.

Aróstegui prosigió señalando que «ellos piden que se produzca una limpieza política» y que «en su momento fueron los primeros en denunciar que algo fallaba en la política de vivienda del Ejecutivo local». Por tanto «están de acuerdo con la investigación judicial». Aun así califica al auto de la jueza como «decepcionante».

Aróstegui cree el planteamiento realizado por la jueza en el auto reviste cierto toque naif. Justifica en parte su incredulidad generalizada y la creencia en la existencia de una trama orquestada porque «es lógico pensarlo» pero él responsabiliza principalmente al ex consejero de Vivienda Antonio López y a sus cómplices que «acaparaban todas las competencias por delegación de funciones».

A su vez indica que Alí como miembro de la Comisión Local en «ningún momento participaba en la adjudicación de viviendas» y que en el momento en que se plantea el asunto de las VPO ante la Comisión, las mismas ya se encontraban ocupadas. Por tanto señala que el auto incurre en contradicciones aunque reconoce que la intención del Poder Judicial «es buena» y por eso les pide un mayor «rigor jurídico». Asimismo considera que la cuñada de Alí se encontraba en situación desfavorecida y que cumplía de sobra con los requisitos para la adjudicación de una vivienda, y así consta documentalmente desde 2008 o 2010.

Aróstegui carga contra el Presidente Vivas y el consejero de Fomento, García a los que acusa de no pronunciarse en ningún momento al respecto. Aunque desde Caballas «en ningún caso considerarían la posibilidad de pedir el desalojo de estas 170 familias necesitadas de viviendas».

Por su parte Alí confirmó que no se ha planteado dimitir de su acta de diputado aunque lamenta los posibles perjuicios generados a su grupo. Y que como miembro de la Comisión Local con 4 votos de Caballas frente a los 18 del Partido Popular, poca capacidad de toma de decisiones les quedaba, unido al hecho de que «no participaban como órgano de selección».

Aróstegui dijo tener en su haber un documento en el que consta que las 170 familias a las que fueron destinadas las viviendas «provenían de situaciones de desamparo evidentes (discapacitados, plan de derribo de viviendas de Príncipe Alfonso…). Que la mayoría de ellas ni siquiera pueden hacer frente a los alquileres actuales y que el delito de cohecho debe referirse a la lista fantasma de las 317 viviendas». Añadió, de nuevo en defensa de Alí, que la Comisión donde actuaba su compañero es nombrada por el Consejo de Administración de Emvicesa y el Consejero, pero que no se vigilaban y que carecen de pruebas para probar cosas que llegan a su conocimiento». Descargó la responsabilidad a la hora de investigar este tipo de asuntos en jueces y fiscales, «ya que disponen de medios y capacidad de actuación en este sentido» y señaló que «este caso se destapó de manera fortuita en unas escuchas donde se investigaba un presunto delito relacionado con el narcotráfico».