Diez meses después de que la Guardia Civil desmantelara una organización que enviaba decenas de toneladas de hachís desde Marruecos a la Península, la investigación sobre el narcotúnel descubierto en Ceuta sigue estancada por la falta de cooperación del país vecino.
La juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha solicitado en múltiples ocasiones información a las autoridades marroquíes para esclarecer la parte del túnel situada bajo su jurisdicción, así como otros detalles de la red de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido ninguna respuesta concreta, y las pesquisas permanecen “paradas y silenciadas”, según fuentes de la Guardia Civil.
Los informes publicados en Marruecos apuntaban en abril que la entrada del túnel estaba ubicada en una vivienda dentro de un sector militar y que varias personas implicadas podrían ser detenidas. Sin embargo, en España no consta ninguna novedad sobre estas actuaciones, lo que dificulta avanzar en el caso.
Mientras tanto, las autoridades españolas continúan vigilando la estructura con sistemas de videovigilancia, garantizando la integridad del túnel y evitando que pueda volver a ser utilizado. La investigación, que comenzó con la Operación Hades en febrero, también ha sumado nuevos imputados, incluyendo a funcionarios de la Guardia Civil y a un exdiputado de la Asamblea de Ceuta.
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El narcotúnel, situado en el polígono industrial del Tarajal a 12 metros de profundidad y con 50 metros de recorrido, habría sido utilizado no solo para trasladar droga, sino también para introducir inmigrantes irregulares. Según la investigación, algunos guardias civiles facilitaban información a la organización criminal a cambio de pagos que oscilaban entre 70.000 y 100.000 euros.
La falta de colaboración internacional y la complejidad de la trama subrayan los desafíos de combatir el narcotráfico en la frontera sur de España, donde la investigación continúa bajo la mirada atenta de la Guardia Civil.
