La Fiscalía ha solicitado cinco años de cárcel para la exalcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), y la actual regidora, María de la Paz Fernández (PP), por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa municipal de limpieza Soliarsa entre 2018 y 2020. Además, pide seis años de prisión para tres empleados municipales por contrataciones sin procedimiento, aumentos salariales irregulares, pagos de facturas sin control y gratificaciones como cestas de Navidad.
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Teresa Valdenebro (PSOE), y la actual regidora, María de la Paz Fernández (PP)
El que Ministerio Público considera que podrían haberse cometido delitos de falsedad, prevaricación, malversación y fraude, y reclama también ocho años de inhabilitación para las dos políticas y el pago de 42.000 euros en indemnizaciones.
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Aunque el Ayuntamiento de Ronda se ha defendido alegando que el Tribunal de Cuentas y el juez avalaron parte de estos procedimientos, el caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la mala gestión estructural de muchas empresas municipales de limpieza en España.
Servilimpce, el espejo ceutí
En Ceuta, el caso de Ronda resuena con fuerza. La empresa municipal de limpieza Servilimpce arrastra meses de críticas por su ineficacia, la falta de control en la contratación y el bloqueo burocrático que mantiene inmovilizados los nuevos vehículos que deberían estar ya operativos.
A ello se suman denuncias de sindicatos, la presión de la oposición y las quejas ciudadanas por el deterioro del servicio, que está muy lejos de cumplir las expectativas generadas tras su municipalización. Lo que se prometió como una apuesta por la transparencia y la eficiencia se ha convertido, en palabras de vecinos y trabajadores, en un auténtico caos organizativo.
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La comparación con Ronda es inevitable: irregularidades en contrataciones, pluses cuestionados y decisiones opacas son patrones que, aunque con matices distintos, se repiten en Ceuta. El malestar es tan grande que el Gobierno local ya se plantea ceses en la dirección de Servilimpce, consciente de que la presión social y política es insostenible.
Una advertencia para Ceuta
El escándalo judicial en Ronda debería servir como aviso directo a la Ciudad Autónoma. Si no se actúa con firmeza y transparencia, Servilimpce podría acabar no solo siendo un problema de gestión, sino también un riesgo legal e institucional para el Ejecutivo ceutí.
Mientras en Ronda será la Justicia quien decida el futuro de sus responsables, en Ceuta crece la sensación de que la limpieza pública se ha convertido en un símbolo de la ineficacia y la falta de control político.
