El encuentro ha analizado el tratamiento integral de la violencia sobre la mujer como violencia de género, la valoración del riesgo y la protección de las víctimas menores.
AmecoPress.- El antiguo Salón de Sesiones del Senado ha acogido el VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El objetivo de este Congreso, en el que participan profesionales de todas las áreas implicadas en la prevención, protección y lucha contra la violencia machista, es “formarnos”, según explicaba Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, en la inauguración. Desde el año 2003, el Observatorio celebra periódicamente este encuentro para analizar en profundidad, y desde distintas ópticas, la eficacia de la legislación vigente y las reformas que pueden llevarse a cabo con el fin de mejorar la respuesta institucional frente a la violación de los derechos humanos que supone la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas.
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En esta ocasión, la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género ha sido uno de los temas centrales del encuentro. Ello implica revisar el tratamiento integral de la violencia sobre la mujer como violencia de género. Las distintas mesas también han profundizado acerca de la valoración del riesgo y la protección de las víctimas menores.
«Es necesario un profundo cambio cultural»
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Victoria Ortega
Es necesario un “profundo cambio cultural”, ha dicho Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, lo que implica acometer medidas orientadas a lograr una verdadera igualdad real. También es imprescindible “decisión, voluntad firme” por parte de las instituciones, además de educación y cambios legislativos que garanticen la asistencia jurídica a las víctimas previamente a la denuncia y contribuyan a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el proceso judicial.
La “formación de los formadores” es esencial. Así lo han manifestado tanto Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Presidente del Consejo General de Procuradores de España, como María José Sagarra, fiscal general del Estado, Alfonso Rueda Valenzuela, Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, y todas las autoridades que han intervenido en la inauguración.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez ha enfatizado en la necesidad de revisar y mejorar el sistema de valoración de riesgo para garantizar la protección a las víctimas. “Hemos puesto en marcha nuevos cuestionarios”, explicó el ministro, con el objetivo de predecir la reincidencia, así como casos de violencia capaces de evolucionar en violencia grave, a escala homicida, y que se pueda identificar y advertir a la autoridad judicial de casos de menores.
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Por su parte, Dolores Delgado, ha explicado que el Ministerio de Justicia tiene los esfuerzos centrados en acometer aquellas medidas legislativas necesarias para la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género y enfatizó sobre la importancia de “formar a los formadores”.
Los ayuntamientos, lugares de asilo
Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, ha recordado que “la mayoría de las mujeres que sufren violencia la enfrentan por querer ser libres, porque los hombres se oponen a que puedan vivir un proyecto de vida propio y es ahí cuando mueren”.
Calvo aseguró que “prevenir es muy importante” y que desde el Gobierno están trabajando para que “los Ayuntamientos se conviertan en lugares de asilo donde las mujeres y sus hijos se puedan proteger”.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, cerró la inauguración destacando la intensa labor que se está llevando a cabo desde el CGPJ en la “ejecución y desarrollo del Pacto de Estado” contra la violencia machista y ha puesto como ejemplo dos de las medidas que ya se han puesto en marcha: la primera, un servicio específico, dentro de la Unidad de Atención al Ciudadano, para atender las quejas que se presenten tanto por parte de víctimas de violencia de género como por parte de profesionales que informen sobre cualquier irregularidad o anomalía institucional o judicial; la segunda, el desarrollo de planes de formación en violencia de género para todos los jueces y todas las juezas, y no sólo para quienes tengan competencia exclusiva en la materia.
Lesmes ha querido agradecer de forma especial el esfuerzo realizado por el “grupo de expertos del Observatorio” y ha destacado la elaboración de un estudio pionero sobre la aplicación de la circunstancia agravante por razón de género, incluida en el Código Penal tras la reforma de 2015. Las conclusiones de dicho estudio, ha afirmado, podrán servir para actualizar las recomendaciones contenidas en la Guía Práctica de criterios para la aplicación de la ley integral contra la violencia de género.
