El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que llevará al Congreso una propuesta de reforma constitucional para incluir el aborto y garantizar así su protección frente a posibles ataques de partidos como el PP y Vox. La iniciativa surge tras la polémica generada por la moción de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, apoyada por el PP, que planteaba informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto” sin base científica.
Desde La Moncloa señalan que la reforma busca blindar un derecho avalado por el Tribunal Constitucional y evitar que las mujeres reciban información falsa o no fundamentada científicamente. “El Gobierno propondrá una reforma constitucional para consagrar la libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas, en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos”, explican.
La reforma requerirá una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, lo que implicaría el voto favorable del PP, partido que mantiene divisiones internas sobre el tema. La presión de Vox, que ha ido ganando peso en las encuestas, ha llevado al PP a adoptar posturas más cercanas a la ultraderecha, como se evidenció en la moción del Ayuntamiento madrileño.
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El alcalde José Luis Martínez Almeida ha matizado que no existe evidencia científica del síndrome post aborto y aseguró que no se obligará a las mujeres a recibir dicha información. Sin embargo, el Ejecutivo teme que puedan surgir más iniciativas similares, por lo que apuesta por blindar el derecho en la Constitución a través de una reforma ordinaria, sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar referéndum.
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Si se aprobara, España sería el segundo país del mundo en incluir el derecho al aborto en su Constitución, después de Francia en 2024. El Ejecutivo también plantea una reforma de la ley del aborto para garantizar que toda información sobre interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares internacionales como los de la OMS o la APA, excluyendo teorías sin evidencia, como el supuesto “síndrome posaborto”.
El acceso al aborto sigue mostrando diferencias significativas entre comunidades autónomas. Según un estudio del Instituto de las Mujeres, mientras en Cataluña el 41,8% de los abortos se realizan en centros públicos, en Madrid apenas alcanza el 0,27%. Sánchez destacó esta desigualdad y la necesidad de garantizar equidad en el derecho a decidir, aunque la competencia para facilitar abortos en centros públicos corresponde a las comunidades autónomas.
