No puede pasar ni un solo día más sin que el Ministerio de Hacienda autorice el aumento de Cupo Docente, para poder comenzar el complicado curso escolar con un mínimo de garantías. Y no puede pasar un día más, sin que la Ciudad Autónoma haga público que van a destinar los siete millones de Euros que han recibido, a su legítimo destino, la Educación, y no al que con argucias legales pretenden desviar, enjugar deudas originadas por el despilfarro.
En menos de dos semanas, comienza el curso escolar más difícil de los que hayamos conocido, con una pandemia que lejos de aminorar, está en alza, en el que se deberán adoptar todas las medidas sanitarias de organización y prevención, para preservar la salud de los alumnos, docentes y demás personal de los centros educativos.
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Hay que agradecer la buena disposición y colaboración de las autoridades sanitarias, el consejero de Sanidad y la Dirección Provincial para trabajar conjuntamente en la elaboración de protocolos de actuación. Hay que agradecer igualmente, el trabajo de los equipos directivos de los centros escolares, en los meses de verano, para elaborar los planes de contingencia. Pero además de que ya deberían de haberlos publicado, para su conocimiento por la Comunidad Educativa, va a ser muy complicado poner en marcha el protocolo y planes de contingencia, con todas las garantías, si no se cuenta con los recursos económicos y el aumento de docentes.
Es inadmisible que faltando dos semanas para el comienzo del curso, el Ministerio de Hacienda siga sin autorizar un aumento de cupo docente, imprescindible para garantizar un comienzo de curso seguro. Y de una irresponsabilidad que raya en la inconsciencia, cuando ya en el mes de junio, el MEFP le dio el visto bueno al aumento de cupo solicitado y justificado desde la Dirección Provincial, y le solicitó dicha autorización. Nunca se puede consentir el abandono al que desgraciadamente nos tienen acostumbrados en los temas educativos, pero ahora aún menos, ya que puede provocar además graves problemas de salud pública.
Es igualmente inadmisible e irresponsable que los siete millones de euros destinados para educación, que el gobierno de la nación le ha transferido a la Ciudad Autónoma, esta los vaya a destinar a enjugar las deudas que han ido acumulando por su mala gestión y despilfarro. Ese dinero tiene que dedicarse a su legítimo destino, paliar la brecha digital de los alumnos más desfavorecidos y dotar a los centros de todas las medidas sanitarias, de desinfección y prevención, imprescindibles para un comienzo y desarrollo de curso totalmente seguro.
Sería una temeridad que la desidia de Hacienda o la desfachatez de la Ciudad Autónoma, fueran los causantes de la proliferación de nuevos brotes del Covid, con sus fatídicas consecuencias.
