Una decisión histórica en el Congreso de los Diputados ha generado incertidumbre para más de 12 millones de pensionistas. El rechazo del decreto ómnibus, debido a los votos en contra de Junts y el Partido Popular, ha suspendido temporalmente la revalorización del 2,8% prevista para las pensiones en 2025. Mientras que el cobro de las nóminas de enero, con la subida correspondiente, está asegurado, el futuro de los pagos a partir de febrero queda en entredicho.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que “la subida de las pensiones en enero está garantizada porque el decreto ha estado vigente hasta hoy”. Sin embargo, advirtió que la actualización conforme al IPC no podrá aplicarse en febrero si no se aprueba un nuevo decreto antes de la primera quincena del próximo mes, cuando se ordenan los pagos de las nóminas.
Impacto en los pensionistas
La suspensión de la revalorización afecta a todas las prestaciones contributivas y no contributivas, incluidas las de clases pasivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En términos prácticos, una pensión media de jubilación dejaría de percibir aproximadamente 43 euros más al mes, lo que supone una pérdida significativa para muchos beneficiarios.
Además de la subida general del 2,8%, quedan en suspenso incrementos específicos como el 6% para las pensiones mínimas contributivas y el 9% para las pensiones asistenciales. También se paralizan medidas asociadas al sistema de cotizaciones, como el aumento del tipo del Mecanismo de Equidad Generacional (MEI) y la aplicación de una cuota de solidaridad a las rentas más altas.
Reacciones y posibles soluciones
Desde el Ministerio de Seguridad Social han señalado directamente a los grupos parlamentarios que votaron en contra del decreto, instándolos a explicar “por qué han recortado las pensiones en 2025”. El Ejecutivo, por su parte, no parece inclinado a aprobar de inmediato otro decreto que enmiende la situación, lo que incrementa la incertidumbre para millones de pensionistas.
Juristas consultados coinciden en que el problema podría resolverse si el Gobierno publica un nuevo real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que se cierren las nóminas de febrero. Sin embargo, el Ministerio no ha confirmado si adoptará esta medida.
Un panorama incierto
El rechazo al decreto también pone en peligro otras reformas clave aprobadas recientemente para el sistema de pensiones. La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 agrava el problema, dejando al Ejecutivo con menos margen para implementar cambios normativos en el corto plazo.
Con más de 12 millones de prestaciones en juego, el tiempo apremia para evitar un impacto duradero en los ingresos de pensionistas, especialmente aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ahora, el destino de las pensiones en 2025 queda en manos de futuras decisiones parlamentarias.
