El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles a aliviar la sobrecarga burocrática que soportan los docentes desde la entrada en vigor de la Ley Celaá. Lo hará, según dijo, mediante herramientas de inteligencia artificial que permitan simplificar el papeleo y los procesos de evaluación que hoy consumen gran parte de su tiempo.
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El anuncio llega tras las amenazas de huelga lanzadas por los principales sindicatos de enseñanza —UGT, CCOO, Csif y Anpe—, que reclamaban medidas urgentes y un documento oficial con propuestas para la carrera docente. A día de hoy, no existe ningún texto firmado, aunque el Ejecutivo ha prometido reunirse con las organizaciones el próximo martes.
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En su visita a una escuela infantil en Getafe, acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, Sánchez reconoció por primera vez que el exceso de trámites administrativos constituye una de las mayores fuentes de malestar en las aulas. “La carga burocrática es excesiva”, admitió.
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El presidente también adelantó que el Gobierno prepara una ley para fijar un máximo de 23 horas lectivas en Primaria y 18 en Secundaria, con el fin de homogeneizar las condiciones de los profesores en todo el territorio. Aunque la mayoría de comunidades ya están cerca de esos parámetros, la norma evitaría que las autonomías incrementen por su cuenta la carga horaria.
En cuanto a la reducción de las ratios de alumnos por aula, Sánchez se limitó a señalar que seguirá “impulsando” esta medida, sin concretar plazos ni cifras. También anunció una partida de 175 millones de euros destinada a familias bajo el umbral de la pobreza para garantizar la gratuidad de la etapa de Infantil (0-3 años), aunque inicialmente lo presentó como una ayuda para Primaria.
Los sindicatos recibieron el anuncio con cautela. “No tenemos ningún documento y las medidas son insuficientes”, señaló Teresa Esperabé, de CCOO. Desde UGT, Beatriz García pidió “prudencia” y recordó la decepción del profesorado tras meses de promesas incumplidas. Anpe valoró positivamente la unificación de horarios, mientras Csif advirtió que mantendrá la presión en la calle si no hay avances reales.
Por ahora, las organizaciones se reunirán la próxima semana para analizar la “letra pequeña” de las promesas del Gobierno y decidir si continúan con el calendario de movilizaciones que podría desembocar en la primera huelga educativa contra Sánchez.
