La asociación Dignidad y Justicia pide al PP que impulse una Proposición de Ley para equiparar la protección, multar el enaltecimiento de ETA y declarar imprescriptibles los crímenes terroristas.
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La asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, ha puesto el foco en la que considera una «discriminación» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las víctimas del terrorismo respecto a las de Memoria Democrática. La asociación exige una «equiparación total» en el marco legal para que las víctimas de ETA no sean consideradas «víctimas de segunda».
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Ante la falta de expectativas con el PSOE y sus socios, la asociación ha entregado al Partido Popular (PP) el borrador de una iniciativa con las medidas necesarias para forzar el fin de esta «injusticia que humilla» al colectivo.
Las exigencias clave para la equiparación
La iniciativa de Dignidad y Justicia busca modificar la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, y dotarla de los mismos instrumentos legales que la Ley de Memoria Democrática, incluyendo:
- Imprescriptibilidad de Crímenes: Que los crímenes terroristas sean considerados delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles, tal como ha dictaminado la Audiencia Nacional.
- Régimen Sancionador: Que quienes ensalzan el terrorismo y humillan a las víctimas de ETA estén sujetos a multas de hasta 150.000 euros por infracciones muy graves, al igual que sucede con quienes enaltecen el franquismo.
- Mecanismos Judiciales: Creación de una Fiscalía ex profeso (Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Víctimas del Terrorismo) para investigar violaciones del Derecho internacional y el impulso de la búsqueda de las víctimas.
- Retroactividad y No Amnistiables: Que la ley de víctimas del terrorismo permita la aplicación retroactiva de la norma y que los delitos gocen de la consideración de no amnistiables, características que sí tiene la Ley de Memoria. La asociación recuerda que aún hay 376 asesinatos terroristas cometidos por ETA sin resolver.
- Capacidad Ejecutiva: Modificar el artículo 61 de la Ley de Víctimas para dar capacidad ejecutiva real a los delegados del Gobierno para actuar administrativamente contra el enaltecimiento.
Denuncia de «sectarismo» y falta de voluntad política
Daniel Portero destaca que el hecho de que un Gobierno «haga una ley de memoria y reconocer a unas víctimas y relegar a otras a segundo plano solo muestra sectarismo«.
La propuesta subraya que la sociedad tiene un deber ético y moral de procurar una protección integral a las víctimas, lo que implica la adopción de medidas que «erradiquen los actos de enaltecimiento del terrorismo» y contribuyan a la deslegitimación total de la narrativa terrorista.
La iniciativa persigue que prevalezca el relato de las víctimas sobre la historia de terror de ETA, cuyos verdugos «asesinaron a 858 víctimas inocentes», un sacrificio por el que la sociedad española «siempre estará en deuda».
