El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la Instrucción 1/2021, dictada por el Secretario de Gobierno de los juzgados de Ceuta, Jesús Esteban Pavón, al considerar que se excedía de sus competencias al imponer la cumplimentación sistemática de plantillas de datos a los letrados de la Administración de Justicia.
La resolución, emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, estima el recurso presentado por el letrado Andrés Díaz López y deja sin efecto la instrucción desde su origen. El TSJA subraya que la obligación de rellenar periódicamente determinados datos se realizó al margen del procedimiento legal establecido, lo que vulnera los límites competenciales del cargo.
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El tribunal apunta que, aunque la recopilación de datos pueda responder a fines legítimos, estos deben obtenerse por vías oficiales y conforme a los criterios fijados por los órganos competentes. Por ello, declara la nulidad de pleno derecho de la instrucción, dejando claro que carece de validez jurídica desde su adopción.
La anulación llega en un momento sensible para la organización judicial en España, inmersa en la implementación del nuevo modelo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia y redefine la Oficina Judicial. En este contexto, la Secretaría de Gobierno tiene un papel crucial al diseñar protocolos que afectarán directamente al servicio público de justicia.
Varios letrados de Ceuta han mostrado su preocupación por la forma en que se está llevando a cabo esta transformación, reclamando mayor participación y diálogo en el proceso. Destacan que el modelo de Nueva Oficina Judicial ya funciona en la ciudad desde 2013 y que la implantación del nuevo servicio común podría haberse realizado de manera más sencilla y participativa.
Con vistas al próximo nombramiento del Secretario de Gobierno en Ceuta, los letrados hacen hincapié en la necesidad de elegir un perfil con capacidad técnica, empatía y autoridad para liderar la reforma de manera efectiva, garantizando un servicio público de justicia más eficiente y transparente.
