La Fiscalía desgrana la cronología del 20 de marzo de 2020: de una compra inicial de 12 millones de euros a una adjudicación de 24,2 millones tras las presiones de Víctor de Aldama y Koldo García.
La segunda semana del juicio por el denominado «caso mascarillas» ha arrojado luz sobre los vertiginosos cambios que rodearon la adjudicación del primer gran contrato sanitario del Ministerio de Transportes. Según el relato pormenorizado de la Fiscalía Anticorrupción, el 20 de marzo de 2020 bastaron apenas 38 minutos para que una orden ministerial firmada por el entonces titular de la cartera, José Luis Ábalos, fuera anulada y sustituida por otra que duplicaba el pedido de material: de cuatro a ocho millones de mascarillas.
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha centrado en los testimonios de cuatro ex altos cargos para determinar cómo Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, logró una adjudicación de 24,2 millones de euros. Los interrogatorios a Jesús Manuel Gómez García (exsubsecretario de Transportes), Javier Sánchez Fuentefría (exdirector de Organización), Francisco Toledo Lobo (expresidente de Puertos del Estado) y Álvaro Sánchez Manzanares (exsecretario general de la compañía) señalan directamente a la intervención de Koldo García y a las exigencias del comisionista Aldama.
20 de marzo: la presión de «ocho millones o nada»
La cronología establecida por la Fiscalía sitúa el punto de inflexión a las 20:00 horas del 20 de marzo. En ese instante, Ábalos firma la primera orden para adquirir cuatro millones de unidades, una cifra que el subsecretario Gómez García había fijado por «prudencia». Sin embargo, solo doce minutos después, a las 20:12 horas, Sánchez Manzanares remitió dicho documento —aún no publicado en el BOE— a Víctor de Aldama.
Te interesa
La respuesta del empresario fue inmediata y tajante: no era posible adquirir solo cuatro millones porque el avión fletado en Lisboa estaba preparado para transportar el doble. Según el testimonio de los investigados, fue en ese momento cuando el asesor ministerial Koldo García intervino para comunicar que la decisión final era elevar el pedido. «El suministrador decía que eran ocho millones o nada», admitió Gómez García ante el tribunal, reconociendo que aceptó la instrucción de García como si procediera directamente del ministro.
A las 20:38 horas, solo 38 minutos después de la primera rúbrica, José Luis Ábalos firmó la segunda orden ministerial que validaba el desembolso de 24,2 millones de euros a favor de Soluciones de Gestión.
Las dudas sobre la elección del proveedor
Uno de los puntos críticos del juicio reside en saber si el Ministerio ya había seleccionado a la empresa de Aldama antes incluso de formalizar la necesidad de compra. La Fiscalía sospecha que así fue, apoyándose en un correo electrónico enviado por Sánchez Fuentefría a Puertos del Estado el 19 de marzo, un día antes de la firma, donde ya se consultaba por el tipo de mascarillas disponibles.
Aunque los testigos negaron conocer a Soluciones de Gestión en esa fecha temprana, el exsubsecretario Gómez García reconoció que fue Koldo García quien se presentó en su despacho el día 20 con la oferta de la citada empresa. Por su parte, Sánchez Manzanares admitió ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que mantenía contacto con Aldama antes de la adjudicación, aunque alegó que creía que el empresario «estaba en la parte ministerial» y prestaba ayuda logística al departamento de Ábalos.
Este contrato inicial, según la tesis de la Fiscalía, fue la «llave» que permitió a la trama acceder posteriormente a otros organismos públicos como Adif y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.
