Los reconocimientos extrajudiciales de deuda están documentados y fueron abonados por la Ciudad. Empresarios, ciudadanos y partidos llevan años cuestionando la contratación en ACEMSA, pero las denuncias políticas nunca dieron el salto a la vía judicial.
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El nombre de Juan Manuel Sánchez Valderrama, gerente de ACEMSA, vuelve a ocupar el centro del debate sobre la gestión de la empresa municipal.
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Los reconocimientos extrajudiciales de deuda, los modificados de contratos y las continuas críticas a determinados procedimientos de contratación han marcado la gestión de ACEMSA durante los últimos años.
Empresarios, ciudadanos y partidos de la oposición han denunciado públicamente un supuesto modelo de contratación que, según sostienen, habría permitido que parte de determinados trabajos terminaran ejecutándose mediante subcontrataciones con empresas vinculadas familiarmente al gerente.
Entre las sociedades citadas figura SANCUS Ingeniería S.L., que, según la información del Registro Mercantil, figura vinculada a Ana Cristina Sánchez Pérez, hija de Juan Manuel Sánchez Valderrama dato de carácter público.
Pese a la gravedad de las acusaciones formuladas durante años en plenos, ruedas de prensa y medios de comunicación, ningún partido de la oposición ha impulsado públicamente actuaciones judiciales conocidas sobre estos hechos.
Esa circunstancia ha alimentado el malestar de parte del tejido empresarial y de numerosos ciudadanos, que cuestionan por qué unas denuncias tan reiteradas nunca han llegado a los juzgados. Algunos interpretan esa ausencia de acciones judiciales como la posible existencia de acuerdos o intereses políticos compartidos. Se trata de una percepción expresada por parte de la ciudadanía, no de un hecho acreditado.
Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad mantiene que la gestión de ACEMSA se ha desarrollado conforme a la legalidad y rechaza las críticas formuladas por la oposición.
La controversia sigue abierta y vuelve a poner el foco sobre la transparencia, el control de las empresas públicas y la responsabilidad de quienes denuncian presuntas irregularidades de llevarlas, si existen pruebas suficientes, ante la Justicia.
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