Sigue en directo la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, marcada por la exigencia policial de paralizar la instalación del campamento en el puerto ante el grave riesgo de incendio junto a depósitos de combustible, los informes sobre afecciones ambientales en la ciudad y la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad ante las convocatorias de un nuevo asalto fronterizo previsto para el 20 de septiembre.
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La Agencia Tributaria abre el plazo para solicitar las ayudas directas destinadas a los autónomos y empresas de Ceuta afectadas por la crisis migratoria, con fecha límite hasta el 30 de noviembre. El programa, dotado con 36,6 millones de euros exentos de tributación e inembargables, prevé beneficiar a unas 4.000 personas con abonos a partir de octubre que van desde los 5.000 euros para autónomos hasta los 150.000 euros para empresas, dentro de un paquete global de medidas urgentes de 309 millones de euros.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, valora de forma positiva la «reiterada voluntad» manifestada por Marruecos para readmitir a los migrantes irregulares que accedieron a Ceuta a finales de julio. Albares evita valorar las críticas directas de Rabat hacia la oposición española y reafirma el compromiso del Ejecutivo de mantener relaciones bilaterales basadas en la declaración de abril de 2022 y el respeto a la integridad territorial.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende en Mieres que los trabajos de filiación y triaje en Ceuta avanzan a «velocidad de crucero» tras el refuerzo de medios desplegado. Marlaska detalla un balance de 5.300 retornos voluntarios a Marruecos desde el 10 de agosto y 300 expulsiones por la comisión de delitos, e insta a la oposición a «no mentir, no lanzar bulos ni generar desconfianza» prometiendo deportaciones masivas e inmediatas al margen de los cauces legales.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sostiene que la redistribución de menores migrantes entre comunidades debe ser la «última opción» y pide priorizar la reagrupación familiar. Rueda exige al Gobierno «planificación, comunicación y financiación», tilda de «disparatada» la gestión gubernamental y rechaza los altercados contra Tanxugueiras en Palencia motivados por protestas asociadas a la crisis de Ceuta.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) confirma que los cinco casos de varicela detectados entre la población migrante no vacunada en Ceuta permanecen aislados en las Urgencias del Hospital de Ceuta. Sanidad mantendrá el aislamiento al carecer los dispositivos de alojamiento de zonas de separación adecuadas y continuará la vacunación en anillo, que supera ya las 2.600 dosis aplicadas.
La líder de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, exige explicaciones al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por supuestas adjudicaciones millonarias «a dedo» a familiares directos para la gestión de menores migrantes. Martínez advierte de que la contratación pública de emergencia no puede convertirse en un negocio privado tras una información publicada por elDiario.es.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, anuncia que las solicitudes para las ayudas de emergencia destinadas a autónomos (5.000 euros) y empresas (entre 10.000 y 150.000 euros) de Ceuta ya están abiertas en la Agencia Tributaria. Las prestaciones comenzarán a abonarse a principios de octubre tras registrarse un alto volumen de peticiones.
El portavoz del PP, Borja Sémper, tilda de «broma de mal gusto» que el CIS no haya incluido preguntas específicas sobre la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta en su barómetro de septiembre. Sémper cuestiona el uso de fondos públicos en la encuesta tras conocerse que el PSOE mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP pese a perder dos puntos tras la crisis.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, adelanta en TVE que el Gobierno implantará en el futuro «sistemas que no permitirán una entrada de estas características» en Ceuta. Puente señala que el Ejecutivo endurecerá la gestión fronteriza para impedir accesos a nado multitudinarios como el del 30 de julio.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, reprocha al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que no pida auxilio de acogida a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Mínguez cuestiona por qué el presidente ceutí apelaba a la solidaridad interterritorial en crisis migratorias anteriores y no exige ayuda a la dirección nacional de su partido en la actualidad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, reitera que la situación en Ceuta «es muy difícil» y que hay «mucha gente pasándolo muy mal». Robles se marca distancias respecto a las declaraciones de la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Montserrat Mínguez, quien restó gravedad a los acontecimientos en la ciudad autónoma afirmando que no fueron «extraordinarios».
El barómetro del CIS revela que el 82,2% de los españoles considera necesario reforzar las fronteras de España, frente a un 13,3% que lo descarta. Asimismo, el 86,3% de los encuestados atribuye «mucha o bastante» importancia a alcanzar un entendimiento con Marruecos para garantizar la seguridad fronteriza.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera la exigencia de paralizar la instalación del campamento de carpas en el muelle de Poniente. El sindicato insiste en que la proximidad a depósitos de combustible y servicios esenciales supone un elevado riesgo de incendio, mientras el Ejecutivo mantiene el plan de reubicar allí a 1.000 personas acampadas en la playa del Trampolín para frenar las reyertas recurrentes.
La Policía Nacional tramita la puesta a disposición judicial de tres migrantes marroquíes detenidos por la ocupación ilegal de tres inmuebles en Ceuta, investigados por un presunto delito de allanamiento de morada tras las denuncias vecinales.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia un viaje a Ceuta para el próximo lunes 21 de septiembre acompañado por una delegación comunitaria encabezada por el presidente del PP Europeo, Manfred Weber. Según confirma el portavoz del partido, Borja Sémper, el objetivo de la visita es «europeizar» la crisis diplomática y migratoria, exigiendo que la Unión Europea asuma la protección de la ciudad autónoma como frontera exterior del espacio comunitario.
El Gobierno pone en marcha a pleno rendimiento el centro de alojamiento temporal situado junto a la antigua cárcel de Ceuta, tras completar el traslado de más de 850 migrantes que pernoctaban al raso en Loma de Colmenar. Las instalaciones han alcanzado el límite de su capacidad en su primera jornada, obligando a colocar carteles de «completo» en el vallado perimetral ante la presencia de grupos que intentan acceder al recinto.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón solicita asumir la causa penal abierta contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. La investigación, instruida inicialmente por un juzgado ceutí, examina la actuación y la gestión de la autoridad gubernativa durante la entrada masiva de migrantes registrada a finales del mes de julio.
Una agente de la Unidad de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional en Ceuta permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un infarto. La Unión Federal de Policía (UFP) atribuye el incidente al extremo estrés acumulado y a las intensas cargas de trabajo soportadas por las fuerzas de seguridad encargadas del censo y filiación desde el inicio de la crisis migratoria.
El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja el impacto electoral de la crisis de Ceuta y estrecha en 2,4 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP. La estimación sitúa al PSOE al frente con un 31% del voto (dos puntos menos que en julio), seguido del PP con un 25,5% (+0,4%). Vox sube al 16,6% (+1,3%), Sumar cae al 5,7% (-0,4%), Podemos escala al 3,7% (+1,2%) y Se Acabó la Fiesta baja al 1,8% (-0,8%).
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) formaliza una nueva petición al Gobierno para suspender las carpas provisionales en el muelle de Poniente de Ceuta. El sindicato remarca el elevado riesgo de incendio dada la cercanía con depósitos de combustible, mientras el Ejecutivo mantiene el plan de reubicar ahí a 1.000 migrantes desde la playa del Trampolín para frenar las constantes reyertas registradas en el litoral.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que los procedimientos de triaje e identificación en Ceuta se encuentran en «velocidad de crucero» tras el despliegue de medios adicionales. Marlaska cifra en más de 5.300 los retornos voluntarios a Marruecos efectuados desde el 10 de agosto y añade la expulsión de otros 300 migrantes por incurrir en conductas delictivas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera la exigencia de suspender cautelarmente la construcción del campamento provisional de 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente. El sindicato insiste en que albergar allí a un millar de migrantes procedentes de la playa del Trampolín representa un grave riesgo de incendio por la proximidad a depósitos de combustible y servicios esenciales.
La Policía Nacional detiene a tres migrantes de nacionalidad marroquí acusados de allanamiento de morada tras ocupar ilegalmente tres viviendas en distintas zonas de Ceuta. Las intervenciones policiales se produjeron tras las alertas dadas por los propios vecinos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que el proceso de triaje de los migrantes en Ceuta avanza a «velocidad de crucero». Según el balance ministerial, más de 5.300 personas han retornado de forma voluntaria desde el 10 de agosto y se ha procedido a la expulsión de otros 300 migrantes por la comisión de delitos.
La Policía Nacional detiene a tres migrantes de nacionalidad marroquí por la ocupación ilegal de tres viviendas en diferentes puntos de Ceuta. Las detenciones se ejecutaron sin resistencia tras los avisos emitidos por vecinos de las zonas afectadas.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, insiste en la Cadena SER en no descartar el posible uso del software Pegasus por parte de Marruecos para obtener información del presidente Pedro Sánchez, calificando de «evidente» que existen presiones externas sobre el Ejecutivo. Montero tilda además de «puro racismo» la gestión gubernamental en Ceuta, sosteniendo que España cuenta con la logística necesaria para trasladar a los migrantes a la Península en un plazo de 48 horas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera su petición al Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria para paralizar las obras del campamento de 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente de Ceuta. El sindicato insiste en evaluar los riesgos de seguridad, incendio y evacuación ante la aceleración de los trabajos del Ejecutivo para reubicar allí a un millar de migrantes tras los recientes altercados en la playa del Trampolín.
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), exige en Canal Sur la devolución inmediata a sus países de origen de todos los migrantes llegados de forma irregular a Ceuta, incluidos los menores no acompañados. Gavira enmarca la crisis de la ciudad autónoma como una «invasión» y sostiene que la única respuesta válida de defensa debe ser la repatriación masiva.
Paralelamente, el SUP solicita a la Dirección General de la Policía una evaluación urgente de los riesgos laborales y operativos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La organización advierte sobre los peligros que entraña intervenir ante eventuales alteraciones del orden, reyertas multitudinarias o intentos de asalto a los ferris y zonas de embarque desde el nuevo emplazamiento portuario.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige formalmente al Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria la suspensión inmediata del proyecto de carpas de 16.000 metros cuadrados en el muelle de Poniente. El sindicato denuncia riesgos de incendio y evacuación por la proximidad a los depósitos de combustible, mientras el Gobierno acelera las obras para trasladar allí a un millar de migrantes acampados en la playa del Trampolín.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este lunes su primer barómetro tras la crisis migratoria de Ceuta para medir el impacto electoral del colapso fronterizo y el desgaste del Ejecutivo. El estudio evalúa el efecto de la comparecencia de Pedro Sánchez, las fricciones entre Interior y Defensa, y la desclasificación de los informes del CNI que desencadenaron la dimisión del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, afirma que «parece bastante evidente» la existencia de un posible chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez a raíz de la información extraída de su teléfono móvil con el programa Pegasus. Montero denuncia que la gestión de la crisis en Ceuta responde a «puro racismo», comparando la respuesta institucional con la acogida dada en su día a refugiados de Ucrania o Venezuela.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, defiende en TVE que el Ejecutivo no disponía de información que permitiera prever la dimensión del asalto en Ceuta, afirmando que «nadie fue capaz de prever un asalto de 70.000 personas». López insiste en que las alertas del CNI son permanentes pero de menor escala, y recalca que España es capaz de proteger sus fronteras respetando los derechos humanos.
El SUP fundamenta su petición de paralización del campamento portuario en Ceuta recordando los recientes incendios declarados en diversos asentamientos de la ciudad autónoma y cuestiona que se concentre a un millar de personas sin contar con los informes de evaluación de riesgos y planes de evacuación correspondientes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige al Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la Autoridad Portuaria la suspensión cautelar del campamento del muelle de Poniente, advirtiendo de serios riesgos de seguridad por su colindancia con depósitos de combustible e infraestructuras energéticas clave.
El Gobierno acelera los trabajos de habilitación de 16.000 metros cuadrados de carpas en el muelle de Poniente del puerto de Ceuta para reubicar a más de 1.000 migrantes procedentes de la playa del Trampolín, escenario de frecuentes reyertas en las últimas jornadas.
La Consejería de Medio Ambiente de Ceuta reclama al Gobierno un refuerzo de efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil para intensificar la vigilancia medioambiental y actuar coordinadamente sobre los asentamientos ilegales ubicados en las zonas de monte.
La Consejería de Medio Ambiente de Ceuta remite un informe al Ministerio para la Transición Ecológica en el que alerta de «riesgos ambientales y de salubridad» en el litoral, montes y espacios naturales de la ciudad debido a la acumulación de residuos y alteración de hábitats, exigiendo medidas urgentes de recuperación.
