El grupo Vox ha presentado en el Pleno de la Asamblea de Ceuta una propuesta para reforzar la vigilancia de espacios municipales, citando como motivo la reciente entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. Este refuerzo incluiría la contratación de vigilantes, guardas rurales y auxiliares de servicio, según ha expuesto el portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo.
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Sin embargo, la propuesta ha sido apoyada únicamente por el propio grupo de Vox. El consejero Alejandro Ramírez ha argumentado que la Ciudad ya ha realizado esfuerzos para asegurar la protección en lugares donde tiene competencias y ha enfatizado que la contratación de auxiliares en espacios públicos requiere autorización de la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, lo que limita la capacidad de actuación del gobierno local.
Redondo ha manifestado que la situación derivada de la crisis migratoria ha impactado negativamente en la seguridad y bienestar de los ceutíes, y ha instado a la Ciudad a utilizar todos los medios disponibles para abordar el problema. Recuerda que hay precedentes en los que se contrató seguridad privada tras situaciones similares, sugiriendo que se podría hacer de nuevo.
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El consejero Ramírez, por su parte, ha defendido que ya se han realizado contrataciones de seguridad privada en instalaciones, y que estas medidas se extendieron tras el aumento de la afluencia de inmigrantes, abarcando áreas como playas y colegios. Según ha explicado, se ha actuado en función de las necesidades detectadas en instalaciones públicas.
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No obstante, Redondo ha reiterado su descontento con la respuesta del Gobierno, cuestionando la falta de acción en espacios forestales y sugiriendo que la situación ha cambiado significativamente desde eventos previos en 2021, donde se aplicaron medidas más robustas. La insistencia en que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en cuestiones de seguridad ciudadana es un punto clave del debate.
Ramírez ha cerrado el debate afirmando que han actuado desde el primer momento y que no se puede calificar a su gestión como inactiva. Asimismo, ha indicado que la Ciudad debe adherirse a los marcos legales existentes para avanzar en materia de seguridad pública.
