El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado ante la Fiscalía a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan una trama de cobro de comisiones ilegales. Ábalos sostiene que fue sometido a un seguimiento policial y que se requisó su correspondencia privada sin autorización judicial, pese a su condición de aforado. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación desmienten estas acusaciones y califican la actuación policial de «inmaculada» tal y como informa el diario El Debate
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La base de la denuncia: hechos inexistentes
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Según la denuncia de Ábalos, los agentes de la UCO habrían llevado a cabo un operativo de vigilancia sobre él y requisado correspondencia privada. No obstante, las evidencias demuestran lo contrario.
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Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando la Guardia Civil, con autorización judicial, interceptó conversaciones telefónicas de Koldo García y Joseba García, asesor y hermano del exministro, ambos implicados en la trama. Durante estas conversaciones, se detectó que Koldo planeaba enviar documentos a Valencia para entregarlos a una persona identificada como «José».
Los documentos, transportados en un sobre dentro de una furgoneta propiedad de Joseba García, fueron revisados por los agentes durante un falso control de tráfico. En el interior del sobre, que no contenía referencias a Ábalos, se hallaron documentos relacionados con adjudicaciones del Ministerio de Transportes a una empresa investigada por desvío de fondos.
Sin correspondencia privada ni seguimiento directo
La acusación de Ábalos sobre la requisición de correspondencia privada queda desmontada al confirmarse que los documentos inspeccionados no eran de su propiedad. Además, la denuncia de seguimiento policial carece de fundamento.
Tras el control de tráfico, los agentes siguieron al vehículo de Joseba García hasta un domicilio en Valencia, donde este entregó el sobre. Posteriormente, José Luis Ábalos fue fotografiado con el mismo sobre, pero únicamente como parte de los movimientos registrados de los investigados, no por ser objeto de vigilancia.
Estrategia de defensa para frenar la causa
Fuentes del Departamento Jurídico de la Guardia Civil defienden que la investigación ha sido «inmaculada» y califican la denuncia de Ábalos como una estrategia para intentar frenar la causa. Según estas mismas fuentes, el exministro busca anular las actuaciones judiciales argumentando supuestos errores policiales o procesales.
Esta denuncia coincide con la solicitud del suplicatorio al Congreso por parte del magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, que busca imputar formalmente a Ábalos por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
La investigación sigue adelante
Con esta nueva maniobra, el exministro trata de desviar la atención de los graves delitos por los que está siendo investigado. Sin embargo, las pruebas presentadas por los agentes de la UCO refuerzan la solidez del caso, desmintiendo las acusaciones de Ábalos y confirmando la legalidad de sus actuaciones.
