Amnistía Internacional ha denunciado este jueves 28 nuevos casos de palizas, humillaciones y abusos hacia migrantes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en Ceuta, lo que eleva a 50 la cifra total de episodios documentados tras la entrada masiva registrada a finales de julio. Según detalla la organización en su informe publicado hoy, 18 de estos sucesos ocurrieron después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación interna a raíz de la primera denuncia de la ONG, sobre cuyo avance la entidad afirma no haber recibido información institucional.
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Las pesquisas judiciales se mantienen en curso en varios juzgados ceutíes a raíz de las denuncias iniciales y de las informaciones difundidas por elDiario.es. Además, el informe —elaborado tras una visita sobre el terreno entre el 23 y el 26 de octubre— incorpora siete casos de supuestos malos tratos atribuidos a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha trasladado el informe de Amnistía a la Fiscalía con el objetivo expreso de preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas.
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El documento recoge diez nuevos testimonios de torturas y trato cruel anteriores al anuncio de la investigación de Defensa, destacando cuatro casos calificados de especial gravedad. La organización señala un patrón recurrente basado en la inmovilización de las víctimas con bridas y su traslado en vehículos militares hacia áreas apartadas. Entre los testimonios figura el de un joven de 20 años que realizaba actuaciones de mimo en la vía pública, quien denunció haber sido conducido a una zona aislada por un grupo de entre 16 y 17 soldados, desnudado, grabado con un teléfono móvil y amenazado a punta de pistola para obligarle a bailar.
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Asimismo, la investigación documenta el uso de puñetazos, patadas, defensas reglamentarias y armas táser contra personas que dormían en la calle, agresiones atribuidas de forma generalizada a efectivos del Tercio de Regulares. Las pruebas gráficas, testimonios y partes médicos aportados certifican lesiones como fracturas de extremidades y de la órbita ocular, hematomas lumbares, erosiones y brechas en la cabeza. Entre los relatos se incluye el de un hombre que recibió descargas de táser en el pecho en la carretera de Sidi Embarek y el de un ciudadano tunecino de 40 años que sufrió la pérdida temporal de visión en un ojo tras ser agredido en la playa de Benítez.
Las agresiones alcanzaron también a menores de edad, documentándose casos de contusiones en la cabeza con necesidad de sutura hospitalaria, intentos de fractura intencionada de extremidades, así como la destrucción sistemática de teléfonos móviles, documentación personal y pertenencias. A estas actuaciones se suma la denuncia contra los registros policiales practicados en la sede de la ONG No Name Kitchen el pasado 22 de octubre, operación que conllevó la detención de dos activistas acusados de repartir espray pimienta e incitar a ataques contra las fuerzas de seguridad, extremo que Amnistía califica de atribuición falsa orientada a criminalizar la asistencia humanitaria.
La ONG ha criticado la actuación de la Fiscalía de Ceuta al solicitar prisión provisional para las dos activistas, contrastando dicha celeridad con la falta de iniciativa percibida en la averiguación de las torturas militares. Amnistía Internacional ha reclamado una investigación imparcial y urgente que conlleve la suspensión cautelar del servicio para los efectivos implicados, el señalamiento de responsabilidades penales y disciplinarias, y la articulación de medidas de protección eficaces para víctimas y testigos.
