El Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts para transferir a Cataluña la gestión de las competencias en inmigración. El resultado, 177 votos en contra frente a 173 a favor, supone un duro golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez y añade presión a la frágil mayoría parlamentaria que lo sostiene.
La derrota parlamentaria no solo se explica por la suma de PP, Vox, UPN y Podemos —estos últimos alegando que el texto era “racista”—, sino también por las deserciones en el seno de Sumar. Los diputados Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) rompieron la disciplina de voto y se alinearon con el bloque del “no”, dejando sin margen de maniobra al Ejecutivo.
El rechazo del pacto supone un revés significativo para Junts, que había convertido la cesión de la inmigración en uno de sus principales reclamos a cambio de apoyar la legislatura. Carles Puigdemont ha acusado directamente a Sánchez de la caída de la iniciativa, sumando un nuevo argumento a favor de la ruptura con el Gobierno.
Durante el debate, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, defendió la transferencia como un “instrumento necesario para controlar el actual desbordamiento” migratorio en Cataluña y vinculó el fenómeno con la identidad y la lengua catalana. Sus palabras fueron duramente criticadas desde varios grupos, que tacharon el planteamiento de “xenófobo” y alineado con la retórica de la extrema derecha.
El PSOE trató de despojar de carga ideológica la medida, presentándola como una mera cuestión competencial, mientras que Podemos acusó al texto de perpetuar un marco “racista” y exigió negociar, en su lugar, una regularización masiva de extranjeros. Desde ERC, Gabriel Rufián cargó contra Junts por “hacer daño a Cataluña” y les recriminó acercarse a posiciones de la ultraderecha catalana.
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La votación refleja también las tensiones dentro de Sumar. Aunque la dirección defendió apoyar la propuesta en nombre del “plurinacionalismo”, dos de sus diputados se desmarcaron alegando que no se trataba de una cesión administrativa, sino de una “batalla cultural” que estigmatiza a los migrantes.
El fracaso del acuerdo migratorio deja heridas abiertas en el bloque de investidura y refuerza el discurso de Junts sobre la incapacidad del Estado para atender las demandas de autogobierno de Cataluña. Con la legislatura en juego, el episodio alimenta la incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno y el futuro de su relación con el independentismo catalán.
