Por segundo año consecutivo, el magistrado fija una citación en festivo para avanzar en el procedimiento. La vista busca concretar la imputación y ratificar que el caso pase a manos de un jurado popular.
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid vuelve a ser el centro de la actualidad política y judicial este Miércoles Santo. El juez Juan Carlos Peinado ha citado hoy a los tres investigados en la causa —Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— para comunicarles formalmente su decisión de que el procedimiento sea juzgado por un jurado popular.
Una citación de trámite sin los acusados
Pese a la relevancia de la cita, no se espera la presencia física de la mujer del presidente del Gobierno ni del resto de investigados en los juzgados de Plaza de Castilla. Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, los tres estarán representados por sus letrados en esta vista, exigida por la Ley del Jurado.
Este movimiento del juez Peinado supone el tercer intento de derivar la causa a un jurado popular. Anteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid anuló sus decisiones por «falta de motivación» y le obligó a unificar las piezas de malversación y tráfico de influencias en un solo procedimiento.
Dos años de instrucción y cinco delitos sobre la mesa
La causa, que cumplirá dos años el próximo 16 de abril, investiga la presunta comisión de cinco delitos por parte de Begoña Gómez:
- Tráfico de influencias.
- Malversación.
- Corrupción en los negocios.
- Apropiación indebida.
- Intrusismo.
Mientras el juez ve indicios de delito en la financiación de su cátedra en la Universidad Complutense y sus vínculos con Barrabés, la defensa de Gómez ha solicitado el archivo del caso, denunciando que se trata de una instrucción dirigida contra ella por el simple hecho de ser la cónyuge del presidente del Gobierno.
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El factor tiempo: la jubilación de Peinado
El calendario juega un papel crucial en el futuro de la investigación. El juez Peinado cumplirá 72 años a finales de septiembre, la edad máxima legal para ejercer la judicatura. Dado que los recursos ante la Audiencia Provincial suelen demorarse entre 5 y 8 meses, existe la posibilidad real de que el magistrado deba jubilarse antes de concluir la instrucción o dictar la apertura de juicio oral.
Esta no es la primera vez que Peinado utiliza las fechas de Semana Santa para realizar diligencias de calado; ya en 2025 acudió al Palacio de la Moncloa en Miércoles Santo para tomar declaración como testigo al ministro Félix Bolaños.
