El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado suspender de forma cautelar el bloqueo impuesto por un tribunal de distrito a la construcción de un tramo del muro fronterizo promovido por la Administración del presidente Donald Trump en el sector de Big Bend, en el estado de Texas. Esta decisión permite la reanudación inmediata de las obras.
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La resolución del alto tribunal, emitida en una decisión ‘per curiam’ que representa al conjunto del tribunal, ha sido objeto de discrepancia por parte de la jueza Ketanji Brown Jackson. El Supremo ha aceptado la petición de urgencia del Departamento de Justicia para anular la paralización dictada el pasado octubre por una corte federal de Texas, tras una demanda interpuesta por grupos ecologistas y residentes locales.
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Litigio por exenciones ambientales
El litigio se centra en la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para invocar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA), que permite eludir normativas medioambientales para acelerar la construcción de infraestructura en «áreas de alta entrada ilegal». El tribunal texano había bloqueado las exenciones firmadas por la Administración, argumentando que carecían de «clara autorización del Congreso».
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No obstante, el Supremo ha fallado a favor del Ejecutivo al concluir que «es sumamente probable que prevalezca su argumento de que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción» para abordar la demanda. Según el Supremo, la ley limita el escrutinio judicial a reclamaciones estrictamente constitucionales, y las denuncias sobre el exceso de autoridad estatutaria «no son reclamaciones constitucionales».
Impacto económico y ambiental
El Tribunal Supremo también considera que el balance de daños favorece al Gobierno, ya que la paralización impide a las autoridades avanzar en sus «intereses apremiantes» en materia de seguridad fronteriza y supone unos gastos diarios de casi medio millón de dólares que «no se pueden recuperar».
En cuanto al daño ambiental y recreativo alegado por los demandantes, el fallo indica que el Congreso ya estableció una «clara preferencia por la construcción expedita» sobre esos perjuicios al redactar la ley, un equilibrio que los tribunales «no pueden rechazar a su discreción».
