La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, han suscrito un acuerdo destinado a salvaguardar a las personas con incapacidad permanente frente al despido automático, conforme a lo establecido en el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, vigente en la actualidad
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Este acuerdo, rubricado en el día de ayer con el CERMI, se suma a los ya alcanzados en materia de incentivos y en la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. Asimismo, se han implementado medidas adicionales destinadas a promover la contratación de personas con capacidad intelectual limitada, fruto de una colaboración conjunta entre las partes implicadas.
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El texto destaca el firme compromiso del Gobierno «con la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, la erradicación de las desigualdades y la discriminación, así como su verdadera integración en todos los sectores de la sociedad». Esta medida permitirá derogar el reconocimiento de la incapacidad permanente como causa automática de terminación de la relación laboral para una persona trabajadora.
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Marcando hitos
La firma del acuerdo de ayer representa un paso adelante en el desafío de lograr la igualdad, una iniciativa que comenzó en la legislatura pasada con la derogación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, el cual permitía el despido durante bajas médicas.
En el ámbito de la discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha estado colaborando estrechamente con el CERMI con el objetivo de materializar el derecho a la igualdad en el ámbito laboral para las personas con discapacidad. Gracias a este esfuerzo conjunto, el acuerdo alcanzado en cuanto a los incentivos a la contratación, establecido en el Real Decreto 1/23, ha posibilitado una bonificación en la contratación de personas con discapacidad por un total de 1.774 millones de euros.
Además, hace menos de un año, también se acordó suscribir el Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad, un documento que establece la hoja de ruta a seguir en este tema a lo largo de la actual legislatura.
La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española no solo representa un cambio terminológico o semántico, sino que es, sobre todo, una cuestión de derechos: la Constitución exige a los poderes públicos diseñar y aplicar políticas que garanticen la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad, respetando su libertad de elección y teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Avances en la igualdad
«Lejos de buscar autocomplacencia o triunfalismo, consideramos que esta etapa de gobierno es crucial para consolidar los avances en los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral», destacó la vicepresidenta segunda.
El fomento de la contratación de personas con discapacidad y su acceso a empleos de calidad se sitúa entre los objetivos principales de las Políticas Activas de Empleo.
En la actualidad, el 35,3% de las personas con discapacidad forman parte de la población activa y representan el 1,58% de las personas afiliadas a la seguridad social.
Se están registrando avances significativos en la integración laboral de este colectivo. En 2014, había 191.666 personas con discapacidad empleadas, una cifra que ha aumentado en un 70% hasta el día de hoy.
No obstante, es importante señalar que este colectivo también enfrenta la brecha de género en cuanto a la afiliación laboral, con un 58,42% de hombres frente a un 41,58% de mujeres, una disparidad que supera la desigualdad de género en la afiliación en general.
